DEFENSORÍA DEL PUEBLO EVIDENCIA QUE MUNICIPIOS NO SOLUCIONARON DEFICIENCIAS IDENTIFICADAS EN UNIDADES EDUCATIVAS
19 de Febrero de 2019 12:00 am
La Defensoría del Pueblo llevó adelante dos verificaciones en 69 unidades educativas de ciudades capitales, además de El Alto, Villa Tunari, Riberalta, Caranavi, Llallagua, Monteagudo, Yacuiba y Puerto Suárez, en las que evidenció que las deficiencias identificadas en una primera intervención persisten y que los municipios, en la mayoría de los establecimientos, no atendieron plenamente las recomendaciones emitidas para solucionar los problemas existentes.
La primera verificación se realizó en enero de 2018 y la segunda se desarrolló entre septiembre y octubre del mismo año; el resultado de ambas está incluido en un informe defensorial, cuyas conclusiones señalan que persisten las deficiencias en la infraestructura escolar, falta de mantenimiento en paredes y techado; ausencia de ventanas, puertas; aulas insuficientes o ambientes en los que no se toman en cuenta, como por ejemplo, que en el oriente del país los ambientes no están adecuados para altas temperaturas o que en el occidente, no se han tomado en cuenta las bajas temperaturas.
En cuanto a los sanitarios, existe deterioro en baterías de baño, lavamanos, piletas; ausencia de agua potable, obstrucción de alcantarillado y en casos más extremos, inexistencia de sanitarios para los estudiantes; tal el caso extremo de las unidades educativas de Sucre, Rufo y Ricardo Mujía, donde las y los alumnos deben utilizar la quebrada como baño.
La Defensora del Pueblo observó, asimismo, que sólo 9 de 69 unidades educativas adaptaron su infraestructura para hacerla inclusiva para estudiantes con discapacidad motora; y que en caso de adolescentes gestantes, los establecimiento educativos no cuentan con directrices, protocolos o políticas educativas que garanticen que esta población no sea víctima de discriminación. En el tema de seguridad, se verificó que las falencias están referidas a la ausencia de alumbrado público, rompe muelles, señalización y cámaras de seguridad perimetral.
Se identificó, asimismo, que son los padres y madres de familia los que apoyan con recursos económicos para realizar algunas mejoras, dotación de mobiliario o equipos para la formación en el área de informática. En el informe defensorial se incluyen recomendaciones al Ministerio de Educación, a los gobiernos municipales donde se encuentran las unidades educativas verificadas y a la Policía Boliviana, para atender las deficiencias identificadas.
