DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A REDEFINIR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

En el marco del 12 de abril, Día de la Niña, el Niño y Adolescente en Bolivia, la Defensoría del Pueblo reafirma su mandato constitucional, conforme al artículo 218 de la Constitución Política del Estado, para la defensa, promoción y exigibilidad de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Esta fecha representa una oportunidad para reflexionar colectivamente sobre su situación actual, los avances normativos alcanzados y los desafíos persistentes para garantizar plenamente sus derechos.

Pese a contar con un marco legal robusto y compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, las cifras siguen siendo alarmantes. En 2024 se registraron 38 casos de infanticidio, lo que representa un incremento del 52% respecto a 2023, que reportó 25. La Paz fue el departamento con más víctimas (18), seguido de Santa Cruz (9). En 11 de estos casos, los perpetradores fueron los padres y en 7, las madres.

A esta grave realidad se suma el aumento sostenido de la violencia sexual. Hasta el 31 de marzo de 2025, la Fiscalía General del Estado registró 457 casos de estupro, con mayor concentración en Santa Cruz (232), La Paz (70) y Cochabamba (51). Asimismo, se reportaron 512 casos de violación a infantes, niñas, niños y adolescentes, siendo en estos mismos departamentos los NNAs más afectados. También se ha identificado un crecimiento preocupante de los casos de abuso sexual.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo reafirma la necesidad urgente de respuestas estructurales, sostenidas y coordinadas. En 2023, alertó sobre los elevados niveles de violencia en entornos educativos y puso en marcha el proyecto piloto “Defensoras y Defensores Estudiantiles”. En 2024, esta iniciativa fue adoptada como política pública por el Ministerio de Educación, y permitió la elección de 4.701 representantes estudiantiles en todo el país, quienes promueven el respeto, la inclusión y la convivencia pacífica en sus unidades educativas.

No obstante, preocupa que el último Programa Integral de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes (2015–2020) no haya sido ni socializado ni implementado eficazmente. Se requiere con urgencia la formulación de un nuevo programa, con enfoque integral, interseccional y libre de adultocentrismo.

En ese sentido, se exhorta al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a presentar los resultados de la evaluación intermedia del Plan Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien de la Niñez y Adolescencia 2021–2025, mediante un análisis riguroso que permita identificar avances, brechas y necesidades de ajuste.

Es urgente fortalecer el Sistema Plurinacional de Protección Integral (SIPPROINA) y garantizar la articulación efectiva entre el Estado y la sociedad civil para prevenir y erradicar todas las formas de violencia, incluidos el maltrato físico, psicológico y violencia sexual, el embarazo forzado en la adolescencia, la explotación laboral infantil, así como derogar el delito de estupro, que perpetúa la impunidad y revictimiza a la niñez.

La Defensoría del Pueblo insta al Estado, a las instituciones públicas y a la sociedad en su conjunto a asumir un compromiso activo y sostenido con la niñez y adolescencia. Reitera, además, su compromiso firme con esta población, para que sus voces sean escuchadas, sus derechos respetados y sus vidas plenamente protegidas.

 “Proteger a la niñez es defender la vida, la dignidad y el futuro de una sociedad responsable con los derechos humanos”

 

La Paz, 12 de abril de 2025