DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA A UNA REFORMA PENITENCIARIA INTEGRAL MÁS ALLÁ DEL INDULTO PRESIDENCIAL
24 de Octubre de 2025 06:14 pm
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por la persistente crisis estructural del sistema penitenciario en Bolivia, marcada por el hacinamiento extremo, debido al abuso de la detención preventiva por los operadores de justicia y la vulneración constante de derechos humanos tanto civiles como económicos sociales y culturales de esta población.
En este contexto, la reciente entrada en vigencia del Decreto Presidencial N° 5460, que dispone el indulto para personas con sentencia ejecutoriada, constituye una medida de alivio temporal, pero no una solución estructural a la crisis penitenciaria, no abordando las causas estructurales del hacinamiento ni las condiciones inhumanas de los centros penitenciarios, donde persisten graves deficiencias de infraestructura, atención en salud, acceso a agua, educación y programas de reinserción. La situación es aún más preocupante para mujeres y para niñas y niños que conviven con sus madres privadas de libertad, en abierta contradicción con el principio del interés superior del niño y estándares internacionales de derechos humanos.
El señalado Decreto publicado el 22 de octubre del año en curso, beneficiaría a aproximadamente 5.000 personas privadas de libertad, lo que representa solamente el 15% del total de la población penitenciaria. Sin embargo, al excluir la figura de la amnistía, la norma no incide sobre el 55,06% de la población carcelaria que permanece en detención preventiva. Este grupo, mayoritario en los recintos penitenciarios, continúa siendo el más afectado por el hacinamiento y las condiciones inhumanas que imperan en los establecimientos penitenciarios del país.
La Defensoría del Pueblo observa con preocupación que esta medida repite las limitaciones del Decreto Presidencial N° 5137 de marzo de 2024, que preveía tanto la amnistía como el indulto por razones humanitarias. Hasta el 30 de junio del presente año, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), instancia encargada de la amnistía, informó que no emitió ninguna Resolución de Amnistía. Por su parte, la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), encargada de los informes de indulto, emitió solo siete resoluciones hasta el 18 de agosto. En la práctica, después de casi siete meses de vigencia y con solo cinco meses restantes para su culminación, una única persona fue beneficiada con el indulto.
En septiembre de este año, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana sobre la Situación de Cárceles, advirtiendo el escaso alcance del Decreto Presidencial N° 5137 y exhortando a garantizar la gratuidad de los trámites. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta institucional.
Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, impulsa la elaboración de un nuevo Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto extraordinario y por única vez durante la gestión 2025, con el propósito de enfrentar el elevado índice de hacinamiento en los centros penitenciarios. Esta iniciativa busca incorporar criterios de humanidad, proporcionalidad y enfoque de género y vulnerabilidad, en el marco de la conmemoración del Bicentenario del Estado Plurinacional de Bolivia y del Jubileo “Peregrinos de la Esperanza”.
En ese marco, la institución exhorta al Estado boliviano a asumir de manera urgente una reforma estructural penitenciaria, orientada a garantizar la dignidad humana, la rehabilitación y la reinserción social, recordando que no basta con liberar personas, sino con liberar al sistema penitenciario de la ineficiencia, el abandono y la vulneración de derechos que lo caracterizan desde hace décadas.
La Paz, 24 de octubre de 2025.
