DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXHORTA MEDIDAS ESTATALES COORDINADAS Y TRANSPARENTES PARA ENFRENTAR LOS INCENDIOS FORESTALES

La Defensoría del Pueblo observa con preocupación el incremento gradual de los fuegos activos en el país, situación que se agrava por la disminución de las precipitaciones en tierras bajas y valles centrales. En seguimiento a la Resolución Constitucional 233/2024, y con conocimiento de la Resolución Administrativa N°065/2025 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) que habilita el periodo de quemas controladas desde finales del mes de junio hasta fines del mes de julio de 2025, la institución defensorial advierte inconsistencias en los reportes oficiales sobre los focos de calor, fuegos activos e incendios forestales emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y los Gobiernos Autónomos Municipales de la región Chiquitana.

La Defensoría del Pueblo exhorta a todas las autoridades nacionales, departamentales y municipales a implementar acciones preventivas y coordinadas de manera urgente, conforme al Plan de Acción Nacional de Prevención de Incendios Forestales del MMAyA; transparentar y socializar oportunamente la información, publicando el cronograma detallado y la ubicación exacta de las Autorizaciones de Asentamientos en Tierras Fiscales Disponibles, para prevenir incendios y garantizar el derecho de acceso a la información de toda la población. La ABT y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) deben publicar en sus plataformas oficiales las autorizaciones de asentamientos en tierras fiscales disponibles, en el marco de su obligación de rendición de cuentas y acceso público a la información.

En este marco, la Defensoría del Pueblo celebra la publicación del Informe “Impactos de los incendios forestales en los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y la Biodiversidad” de la REDESCA, que califica la decisión judicial accionada por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, como un avance significativo en la protección a un medio ambiente sano y los derechos de las comunidades más afectadas; en particular, de los pueblos indígenas, las áreas protegidas y reservas forestales.

Asimismo, reconoce los esfuerzos realizados por los Gobiernos Autónomos Municipales accionados del departamento de Santa Cruz, de Concepción, Ascensión de Guarayos, Puerto Suárez, San Antonio de Lomerío y San Miguel de Velasco, por sus acciones en monitoreo, sensibilización y control de fuegos durante la presente gestión.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado al Estado para garantizar acciones coordinadas, información transparente y la implementación de medidas preventivas eficaces para enfrentar el creciente problema de los incendios forestales en Bolivia, priorizando la protección del medio ambiente, la biodiversidad y los derechos de las comunidades más vulnerables. 

 La Paz, 25 de julio de 2025.