DEFENSORÍA DEL PUEBLO EXPRESA PREOCUPACIÓN Y RECHAZA EXPRESIONES DE VIOLENCIA CONTRA AUTORIDAD MUNICIPAL DE POTOSÍ
15 de Enero de 2026 09:55 pm
La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por los hechos registrados en el municipio de Potosí, en el marco de las medidas de presión asumidas por un sector del transporte público, que incluyeron el repliegue del servicio y el bloqueo del edificio central del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, en demanda de la abrogación de la Ley Municipal N.º 545, que establece una tarifa diferenciada de Bs 2,50 para personas adultas mayores.
En este contexto, la institución defensorial tomó conocimiento, a través de redes sociales, de la difusión de una publicación atribuida presuntamente a un grupo de chóferes, cuyo contenido promueve expresiones de violencia, incluidas alusiones de carácter sexual, dirigidas contra la Alcaldesa del municipio de Potosí, Lesly Flores, así como llamados a la toma del edificio edil con retención de personas. Dichos mensajes emplean un lenguaje misógino, violento y discriminatorio, incompatible con los principios democráticos y el respeto a los derechos humanos.
Este tipo de expresiones constituyen manifestaciones de violencia simbólica, violencia sexual y violencia política contra las mujeres, que no solo afectan la dignidad e integridad personal de la autoridad municipal, sino que también generan un entorno de hostigamiento que obstaculiza el ejercicio pleno de la función pública y debilita la convivencia democrática.
La Defensoría del Pueblo rechaza de manera categórica toda forma de instigación a la violencia y recuerda que el ordenamiento jurídico boliviano protege el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y sanciona las conductas que tengan por finalidad menoscabar, obstaculizar o impedir el desempeño de funciones político-públicas, así como aquellas que promuevan o naturalicen la violencia sexual.
En ese marco, la institución defensorial exhorta a las instancias competentes del Estado a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad personal y el ejercicio pleno de funciones de la autoridad municipal, así como a actuar conforme a sus atribuciones en el marco del debido proceso y la legalidad vigente.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reitera que los conflictos sociales deben canalizarse a través del diálogo democrático, el respeto mutuo y los mecanismos institucionales, rechazando toda forma de violencia, intimidación o amenaza, en particular aquella dirigida contra mujeres en el ejercicio de cargos públicos, por constituir una grave vulneración a los derechos humanos y a los principios del Estado de Derecho.
