DEFENSORÍA DEL PUEBLO INSTA AL ESTADO DAR SOLUCIONES AL CONFLICTO EN OCURÍ DONDE CONCEJALAS HABRÍAN SIDO OBLIGADAS A RENUNCIAR

Tras los hechos suscitados en el municipio de Ocurí (Potosí) el 8 de marzo de 2024, donde un grupo de comunarios habrían tomado de forma violenta la infraestructura de la Alcaldía Municipal exigiendo la renuncia de concejalas; la Defensoría del Pueblo interviene en el caso, donde se tendrían identificados actos de acoso y violencia política contra las concejalas, a quienes se les habría presionado y llevado en contra de su voluntad a la comunidad de Maragua para exigirles la renuncia a sus cargos.

Recordamos que la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres fue impulsada a raíz de la violenta muerte que sufrió la ex concejala Juana Quispe Apaza del municipio de Ancoraimes (La Paz) hace 12 años, constituyéndose la misma en un caso reconocido como "emblemático e histórico", es así que esta norma sanciona penalmente todo acto de acoso y violencia política hacia las mujeres para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Remarcamos que el acoso político es todo "acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometido por una persona o grupo de personas, militantes o no, contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública o contra sus familias". A su vez, la violencia política se caracteriza por los "actos de agresión física, psicológica o sexual cometidos por una persona o grupo de personas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, o contra sus familias, que afectan su integridad física y psicológica y el cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus derechos".

En ese contexto y en atención a los hechos que ocurren en Ocurí, la Defensoría del Pueblo en el marco de sus atribuciones constitucionales, a través de la Delegación Defensorial Departamental de Potosí y la Coordinación Regional de Llallagua, impulsa espacios de diálogo, instando a los actores involucrados (dirigentes y autoridades municipales) a optar por la concertación y la búsqueda de soluciones, a través del dialogo sobre la base las normas vigentes, haciendo énfasis en que los acuerdos de gestión compartida que habrían firmado ambas partes, no están acorde a la Constitución Política del Estado y las leyes, y que toda renuncia obligada no tiene valor legal, constituyéndose el acoso o violencia política en un delito, por lo que, la institución defensorial, en el uso de sus atribuciones, pidió al Ministerio Público y al Tribunal Electoral Departamental de Potosí la atención urgente del caso.

La Defensoría del Pueblo insta a las instancias competentes del Estado a dar solución al conflicto, activando las acciones correspondientes que salvaguarden la seguridad e integridad de las concejalas como lo establecen los estándares internacionales de Derechos Humanos. Asimismo, exhorta a la población en general a denunciar todo acto de agresión y vulneración de derechos humanos y coadyuvar en la construcción de la convivencia pacífica, donde el odio, la discriminación, el racismo y la violencia no tienen lugar.

 

Potosí, 14 de marzo de 2024