DEFENSORÍA DEL PUEBLO: BOLIVIA ATRAVESÓ 841 CONFLICTOS EN 2025 CON MAYOR AFECTACIÓN A DERECHOS ECONÓMICOS Y LABORALES
15 de Enero de 2026 03:02 pm
La Paz, 15 de enero de 2026 (DPB/UCOM).- Durante la gestión 2025, La Defensoría del Pueblo registró 841 hechos de conflictividad en el país. Los derechos económicos y laborales fueron los más denunciados de afectación en la gestión 2025, seguido del derecho político, derecho a la prestación de servicios y vivienda, transporte, obras públicas y el derecho a la educación, de acuerdo al reporte del comportamiento de la conflictividad del Sistema Inteligente de Monitoreo, Análisis y Alerta Temprana (SIMAT).
El jefe de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos de la Defensoría del Pueblo explicó que “el 2025 suman 841 conflictos” y precisó la magnitud de esta cifra al señalar que, si se la compara con el promedio histórico de los últimos 50 años —que alcanza a 362 conflictos—, se evidencia un incremento importante. “Esto significa que el anterior año ha sido un año bastante conflictivo y sin duda esto tiene correlación con la crisis económica”.
Durante el tercer trimestre, las demandas (186) se orientaron en su mayoría al ámbito laboral y de empleo, mientras que en el cuarto trimestre (187) se reorientaron nuevamente a lo económico.
“Estamos presentes donde más se nos necesita. No solo intervenimos en los conflictos, sino que también trabajamos para prevenir que las tensiones escalen, promoviendo el diálogo, la convivencia pacífica y la protección de los derechos humanos en todo el país”, publico en su cuenta en X, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
De los 841 hechos de conflictividad registrados el 2025, la Defensoría del Pueblo realizó intervenciones en 540, un 64% del total. La medida de presión más asumida como forma de protesta fue el estado de emergencia, en 213 casos; seguido del bloqueo de vías, en 180; y marchas en 128 casos.
El derecho económico fue el más denunciado con 282 casos, seguido del derecho laboral (141), político (103), prestación de servicios, vivienda y obras públicas (86), educación (60), entre otros.
Cuarto Trimestre
Según el Reporte de Conflictividad del SIMAT, en el cuarto trimestre del 2025, se registraron 187 hechos sociales a nivel nacional; la mayor cantidad en La Paz con 66 casos, Santa Cruz con 29 y Cochabamba con 21 y en menor número en otros departamentos.
Esta dinámica social derivó en la denuncia de vulneración de diversos derechos como el económico con 49 registros, laborales con 44, político 28, derecho a la prestación de servicios y vivienda con 17, entre otros.
En cuanto a las medidas de presión adoptadas por los sectores sociales, se registraron 55 estados de emergencia, 31 bloqueos, 30 paros, 17 enfrentamientos, 16 protestas y 14 marchas, ocho tomas de instalaciones, ocho huelgas, cuatro vigilias, dos casos referidos a retención de personas y dos mítines.
De los 187 hechos registrados, la Defensoría del Pueblo intervino directamente en 115 casos, lo que representa una efectividad del 61% en la gestión y mediación de conflictos en todo el territorio.
Conflictos estratégicos
En procura de la prevención de los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo desarrolló diferentes acciones en busca de espacios de diálogo, de acuerdo a la identificación de la tipología del conflicto, aplicando los mecanismos defensoriales de intervención.
En Pando, se registró un conflicto social derivado del avasallamiento de tierras, que desencadenó en enfrentamientos entre sectores indígenas y campesinos por la falta de atención a un pliego petitorio relacionado con la zafra de castaña y tema de tierras. La Defensoría abrió espacios de diálogo, atención a población vulnerable, la prevención de la escalada de violencia y el restablecimiento de la transitabilidad tras el bloqueo de la vía.
En Colcapirhua de Cochabamba, el conflicto por el botadero de Cotapachi, escaló a un nivel de crisis de violencia y pérdida de vidas a principios de diciembre de 2025; tras la mediación defensorial se logró la firma de un acuerdo amistoso entre dirigentes de Cotapachi, alcaldías de Quillacollo y Colcapirhua, y se restableció la paz social en el sector.
En La Paz, el conflicto de las personas con discapacidad en rechazo al Decreto Supremo 5488 y la transferencia de la Unidad Ejecutora del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad (FNSE) al Ministerio de Salud y Deportes. La Defensoría facilitó el diálogo, efectuó el monitoreo y acompañamiento de negociaciones, el acuerdo y levantamiento de la protesta.
