FIO y la RINDHCA piden al Gobierno y al Legislativo proteger las acciones de la Defensoría del Pueblo y a su Máxima Autoridad Nadia Cruz

La Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), expresaron su preocupación por las reiteradas presiones, amenazas y ataques que enfrenta la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, acciones que calificaron de inquietantes y que pretenden desestabilizar su gestión e impactar en sus actuaciones defensoriales, además de constituirse en una afectación a su alta investidura y un agravio a la propia naturaleza de la institución que representa.

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En un pronunciamiento conjunto oficial, ambas instancias de derechos humanos invocaron al Gobierno boliviano y a Órgano Legislativo a “proteger el ejercicio y actuación de la Defensoría del Pueblo, a respaldar su institucionalidad y a amparar a su titular, recordando que las democracias más relevantes, cuentan con sólidas Instituciones Nacionales de Derechos Humanos”.

De manera oficial, la FIO y la RINDHCA remitieron este pronunciamiento a la Presidenta Transitoria, Jeanine Áñez Chávez; a la titular de la Cámara de Senadores, Eva Copa Murga; y al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque Siñani.

"La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (RINDHCA), viene dando seguimiento a los hechos acontecidos en el país y a la actuación de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, quien en el completo ejercicio sus atribuciones constitucionales y en respeto irrestricto a los Principios de Paris que tutelan a las Oficinas del Ombudsman a nivel global, viene ejerciendo su rol de defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos de sus connacionales, cumpliendo con independencia y autonomía su labor de supervisión al Estado en defensa de los derechos de las poblaciones y grupos más desfavorecidos”, señala el pronunciamiento conjunto.

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Asimismo, hicieron referencia a la Resolución de 18 de diciembre de 2013 (A/RES/68/171) d la Asamblea General de las Naciones Unidas, que establece que “las instituciones nacionales de derechos humanos y sus respectivos miembros y personal no deberían enfrentarse a ninguna forma de represalia o intimidación, entre otras, la presión política, la intimidación física, el acoso o las limitaciones presupuestarias injustificables, como resultado de actividades llevadas a cabo en virtud de sus respectivos mandatos, incluso cuando se ocupen de casos individuales o informen sobre violaciones graves o sistemáticas en sus países”.

La FIO y la RINDHCA dieron su respaldo a la Defensora del Pueblo respecto de sus actuaciones y trayectoria y destacaron sensibilidad, compromiso y servicio por los derechos humanos y que han sido puestos en evidencia con mayor contundencia en el presente contexto de emergencia mundial frente a la crisis COVID.

Anunciaron que esta situación será monitoreada por un grupo técnico internacional de alto nivel, integrado por Ombudsman del Continente Americano, cuyas conclusiones serán elevadas a las más altas instancias internacionales.

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