INFORME DEFENSORIAL DEVELA MALA GESTIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD EN CRISIS INTRAPARTIDARIA ENTRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2024 QUE AFECTÓ DD.HH. DE LA POBLACIÓN

La Paz, abril 14 (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó el Informe Defensorial 24 Días - Situación de la Conflictividad en Bolivia entre octubre y noviembre de 2024, el cual entre sus principales conclusiones devela que el conflicto al interior del partido de gobierno generó diversas afectaciones a los derechos humanos de diferentes sectores de la población.

“212 aprehendidos, 91 detenidos, 27 procesos penales, 45 efectivos policiales heridos, situación de riesgo a la niñez, pacientes en hospitales y adultos mayores en centros de acogimiento, periodistas agredidos, daño económico y afectación al aparato productivo, son el resultado de 24 días de bloqueo que se han suscitado en los meses de octubre y noviembre del 2024”, detalló el Defensor del Pueblo.

Callisaya explicó que el informe defensorial “24 Días” identifica cinco ejes fundamentales a través de los cuales desarrolla sus hallazgos. En ese sentido, un primer eje está vinculado a la inadecuada gestión del conflicto lo que ha provocado la vulneración de derechos. “el conflicto en sí mismo es una oportunidad para solucionar diferentes temas y, sin embargo, necesita ser gestionado adecuadamente”.

“Como emergencia de una disputa interna en un partido político, en este caso el gobernante, se ha generado una serie de situaciones negativas para toda la población boliviana que ha derivado en la vulneración de varios derechos a causa de la ineficiente gestión y un errado abordaje de este conflicto, porque el gobierno se ha constituido en juez y parte de este conflicto”, remarcó la autoridad defensorial.

Sobre la convocatoria al diálogo, Callisaya señaló que, si bien se dieron varias convocatorias para estos espacios, los mismos no se materializaron por la ausencia de condiciones de transparencia, voluntad sincera, que no se manifestaron en cada una de las partes.

El segundo eje, que identifica este informe, está orientado a la necesidad de remitir a un tribunal independiente, imparcial y competente; 212 personas aprehendidas 27 procesos y 91 detenidos preventivos que han sido trasladados a la ciudad de La Paz, y están en diferentes centros penitenciarios como emergencia del uso discrecional del tipo penal de terrorismo, utilizado 115 veces contra varias personas y en muchos casos con falta de objetividad, remarcó el Defensor del Pueblo.

El Decreto Supremo N° 138, del 20 de mayo de 2009, dispone que los casos de terrorismo y otros delitos contra la Seguridad y Soberanía del Estado deban ser necesariamente procesados en La Paz. “Este decreto ha sido utilizado de forma discrecional y arbitrario porque no tiene un procedimiento específico para el traslado de estas personas (…) además, no es respetuoso del artículo 109 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, que establece que los derechos y garantías de las y los bolivianos deben regularse por Ley (principio de legalidad) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, apuntó la autoridad defensorial. 

Un tercer eje temático que aborda este informe está vinculado a la afectación de terceros, poniendo en riesgo a la niñez en centros de acogimiento, a los adultos mayores en hogares y a los pacientes en hospitales, hechos evidenciados en la verificación realizada por la Defensoría del Pueblo, además de insuficiencia y peligro en la distribución de los alimentos.

Un cuarto eje devela que, desde el Estado, hubo una obstaculización al trabajo de la Defensoría del Pueblo, como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. “Su labor fue sistemáticamente obstruida en su ingreso a la ANAPOL y la FELCC lo que obligó a la Defensoría del Pueblo a elevar una denuncia y una acción de libertad exigiendo que se permita ingresar al MNP para tener contacto con las personas privadas de libertad en cumplimiento a la normativa nacional y a los tratados internacionales”, apuntó Callisaya.

El quinto eje del Informe Defensorial “24 Días” es el referente al derecho a la integridad personal; según el documento, se ha tenido acceso a 114 certificados médico forenses donde 36 refieren lesiones físicas; el MNP ha realizado 82 entrevistas a privados de libertad y estos han referido que en 48 casos haber sido víctimas de agresiones físicas; en particular se han registrado tres denuncias por agresiones bajo custodia policial. 

Para el Defensor del Pueblo, algo que “no se puede tolerar” es la denuncia de una persona que dice haber sido objeto de un procedimiento tortuoso como es la asfixia seca; también se han dado denuncias de violencia de género, por lo menos hay ocho mujeres que han sufrido represión violenta; hay tres mujeres que han declarado que han sido obligadas a desnudarse cuando se encontraban bajo custodia policial. Asimismo, se han dado dos casos de uso de proyectiles contra dos personas. 

“Hasta el 23 de octubre se tenía conocimiento de por lo menos 16 agresiones que habrían sufrido los trabajadores de la prensa. Asimismo, se han materializado pérdidas económicas y afectaciones al aparato productivo”, apuntó el Defensor del Pueblo. 

Callisaya concluyó que este conflicto “evidencia una vez más la fragilidad institucional del Estado y que es necesario adecuar el delito de terrorismo a estándares internacionales para evitar su uso arbitrario. Finalmente, la autoridad reiteró su pedido de priorizar el diálogo como la única forma de solución de conflictos.

VEA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DEFENSORIAL "24 DÍAS"