Investigación defensorial constata deficiencias en hospitales oncológicos que ponen en riesgo la vida de los pacientes con cáncer

Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en ocho hospitales públicos de tercer nivel y siete de la Caja Nacional de Salud, que cuentan con unidades de oncología, constató deficiencias en infraestructura, recursos humanos, equipamiento, dotación de medicamentos, falta de acreditación, entre otras, aspectos que no garantizan una atención de calidad y ponen en riesgo la vida de las y los pacientes con cáncer, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

“La investigación defensorial identificó, que el sistema de salud público del país no tiene la capacidad de cubrir la demanda de pacientes oncológicos que requieren de internación, la cantidad de camas es insuficiente para albergar a todas las personas que buscan un espacio para continuar con sus tratamientos”, detalló la Defensora, al indicar que la realidad en los hospitales de la Caja Nacional de Salud no es diferente, pues la cantidad de camas son insuficientes para internación de los asegurados y beneficiarios, por la ausencia de espacios exclusivos o la improvisación en los servicios.

Estas consideraciones están contenidas en el Informe Defensorial “Las Unidades de Oncología desde una Mirada de Derechos Humanos. Situación de vulnerabilidad de las y los pacientes con cáncer en el Sistema Nacional de Salud”, realizado entre septiembre y noviembre de 2021, y que fue presentado hoy en el Hospital de Clínicas.

Los establecimientos de salud públicos verificados en la investigación son: el Hospital de Clínicas-La Paz; Hospital General San Juan de Dios-Oruro; Hospital Daniel Bracamonte-Potosí; Hospital Clínico Viedma-Cochabamba; Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cupertino Arteaga e Instituto Chuquisaqueño de Oncología ICO-Chuquisaca; Hospital San Juan de Dios-Tarija; e Instituto Oncológico del Oriente Boliviano-Santa Cruz; de la CNS son Materno Infantil-La Paz (HODE Oncológico); Obrero N°4-Oruro; Obrero N°5-Potosí; Obrero N°2-Cochabamba; Obrero N°6 Jaime Mendoza-Chuquisaca; Obrero N°7-Tarija; y Obrero N° 3 “400 camas”-Santa Cruz.

“Ya se ha notificado a las instituciones correspondientes con este informe defensorial y ponemos a disposición todo nuestro trabajo para poder mejorar las condiciones de los pacientes con cáncer y sus familiares”, enfatizó la Defensora en el acto de presentación del documento que contó con la participación de autoridades nacionales y de organismos internacionales.

Entre los participantes del evento estuvieron, Leonildo de Moura, asesor de la OPS OMS en Bolivia, José Luis Cori, en representación del Viceministerio de Seguros de salud, José Patiño Durán, Director Ejecutivo de Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de  Corto  Plazo (ASSUS), y Jhonny Ayllón, Director del Hospital de Cínicas, entre otras autoridades.

 El asesor de la OPS-OMS en Bolivia dijo que le informe tiene “rigor académico y es imparcial”. “El país necesitaba este diagnóstico, ahora necesitamos ponerlo en práctica, merece continuidad”, señaló Muora. Por su parte, Cori expresó que “si bien se han asegurado recursos para radioterapia, la ejecución no ha sido eficiente, pues hay una ejecución muy baja, eso que señala el informe defensorial no se puede negar”. Patiño felicitó a la Defensoría del Pueblo por el trabajo presentado y pidió que no se escatimen esfuerzos para hacer el seguimiento a fin de que se mejore el acceso a los derechos de los pacientes.

En la presentación del informe, la Defensora señaló que la investigación defensorial identificó que en el sector público ninguno de los ocho hospitales verificados que brindan servicios de oncología cuentan con el certificado de acreditación, ni han iniciado el proceso para ello, lo que significa que no se habría realizado una evaluación previa o que no cumplen con los requisitos mínimos como hospitales, institutos u hospitales especializados de tercer nivel de atención, con lo que ponen en incertidumbre la calidad en la prestación de este servicio por la falta de este “sello de garantía”.

Además, comentó que esa situación es similar en los centros médicos de la Caja Nacional de Salud, pues ninguno de los siete hospitales intervenidos cuenta con el certificado de acreditación otorgado por la ASUSS. Dijo que al no contar con el “sello de calidad” no están sujetos a procesos de evaluación, aspectos que van en desmedro del paciente oncológico y no permiten garantizar una atención de calidad.

En cuanto al tratamiento médico en el sistema público, la situación tampoco es alentadora, pues sólo dos, el Instituto Nacional de Cancerología Dr. Cupertino Arteaga y el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano cuentan con servicio de radioterapia. El tratamiento con braquiterapia, empleado, principalmente, para tratar el cáncer de cuello uterino, cuya tasa de incidencia en el país es la más alta en Latinoamérica (55,56 por cada 100.000 mujeres), solamente lo brinda el Instituto Oncológico del Oriente Boliviano, dijo la autoridad.

La reducida cantidad de profesionales especializados para la atención de pacientes oncológicos en los hospitales públicos es otra deficiencia identificada, apuntó la Defensora. A nivel nacional, existen solo 17 oncólogos clínicos y 16 oncólogos quirúrgicos, distribuidos en los diferentes establecimientos de salud que cuentan con unidades de oncología.

También indicó que la disponibilidad de medicamentos oncológicos, citostáticos y de terapia del dolor para pacientes oncológicos en el sistema de salud público es insuficiente, su alcance se limita a la cobertura del Sistema Único de Salud (SUS) que tiene como base la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (LINAME), convirtiéndose en inaccesibles para muchos pacientes por sus elevados costos.

Los ocho hospitales públicos de referencia, objeto de la investigación defensorial, no tienen normas de diagnóstico y tratamiento oncológico para la atención integral del cáncer, lo cual evidencia las falencias del Estado en la implementación de políticas de promoción, prevención, atención, control, rehabilitación y cuidados paliativos de forma integral para todas las clases de cáncer que se dan en el país. Solo cuentan con normas y planes para cáncer de cuello uterino y de mama dejando de lado a otras patologías cancerígenas.

Con relación a los hospitales de la CNS, la Defensora señaló que sus infraestructuras son construcciones antiguas donde las unidades de oncología se encuentran en ambientes adaptados e improvisados que no responden a una atención de calidad ni a la demanda de los pacientes con cáncer. El Hospital Oncológico de la CNS de La Paz no cuenta con infraestructura propia ni adecuada a las necesidades de la población asegurada, funciona al interior del Hospital Materno Infantil en ambientes adaptados e improvisados, lo que ha merecido denuncias de parte de representantes de los pacientes con cáncer de la CNS, que demandan la construcción de un nuevo hospital.

Añadió que los hospitales de la CNS no brindan los servicios para el tratamiento de radioterapia y braquiterapia, todas las atenciones son realizadas a través de compra de servicios y reembolsos; ninguno cuenta con aceleradores lineales para el tratamiento efectivo del cáncer que permita dejar el uso convencional de las bombas de cobalto, lo que implica que los asegurados de la CNS no pueden acceder a los tratamientos de radioterapia y braquiterapia, limitando y poniendo en riesgo su salud, ante la inacción de las autoridades de turno de la CNS.

Tampoco existe la suficiente disponibilidad de medicamentos oncológicos y de terapia del dolor, situación que obliga al paciente a adquirirlos con sus propios recursos, lo que afecta su economía por los altos costos y la demora en la devolución de los montos por parte de la CNS, apuntó la Defensora. 

De igual forma, indicó que en los establecimientos públicos, en los hospitales Obreros del país, la falta de disponibilidad de especialistas oncólogos clínicos, quirúrgicos y radioterapeutas es un denominador común.  La Caja, a nivel nacional (excepto Potosí, Beni y Pando), cuenta sólo con 15 especialistas oncólogos clínicos.

A esto se suma que la CNS no cuenta con unidades de oncología en los hospitales Obrero N° 8 del Beni y Obrero N° 9 de Pando porque no tienen capacidad instalada ni resolutiva para brindar el servicio de oncología, dejando en total desprotección a sus asegurados, lo que implica transferirlos a otros departamentos para su atención y tratamiento. “Queda en evidencia la vulneración del derecho de acceso a la salud de manera oportuna y con calidad en la CNS, con las transferencias de pacientes oncológicos a otros lugares del país donde los hospitales cuentan con el equipamiento para los tratamientos requeridos, lo que implica para el paciente alejarse de su familia, además de enfrentar cambios y necesidades, generándole incertidumbre”, enfatizó Cruz.

“El cáncer, además de quebrantar la salud de la persona que lo padece, implica afectaciones  familiares y económicas, principalmente. En Bolivia no existe una política específica de salud mental, ni leyes particulares referentes a ésta. Conforme los testimonios de los pacientes oncológicos recogidos en la presente investigación, la palabra cáncer es sinónimo de muerte en nuestro país”, destacó la autoridad defensorial.

Señaló que esta enfermedad empobrece a las familias y se convierte en una carga económica catastrófica. En el afán de costear tratamientos y medicamentos que no son cubiertos por el SUS o de buscar una atención médica de calidad en el sector privado, las personas enfermas con cáncer que no son aseguradas o beneficiarias, comprometen parte o todo su patrimonio para salvar su vida;  a esto se suma la pérdida de sus ingresos por la imposibilidad de acceder a sus fuentes de trabajo para asistir a sus citas médicas o, en el peor de los casos, tener que trasladarse a otras ciudades en busca de hospitales que brinden servicios oncológicos, optando, en algunos casos, por abandonar sus tratamientos.

En la CNS, no existe un enfoque social en el tratamiento de los pacientes con cáncer, puesto que ni la ASUSS ni el ente gestor consideran la afectación de la enfermedad en el paciente, en su familia y entorno social, convirtiéndolos en parte de la estadística de casos de pacientes con cáncer.

“Para la Defensoría del Pueblo, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia El Alto, recientemente inaugurado, es una respuesta del Estado a la problemática del cáncer en Bolivia, que garantizará el acceso de los pacientes oncológicos a tratamientos especializados de manera oportuna y con equipos de alta tecnología, esfuerzo que precisa que las instancias en salud coadyuven en viabilizar la atención de los pacientes de los diferentes subsectores del sistema de salud”, finalizó Cruz.