PARA FORTALECER LA DEFENSA INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL ESTADO, LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA PROCURADURÍA GENERAL FIRMAN CONVENIO
08 de Octubre de 2025 12:11 pm
La Paz, 8 de octubre de 2025 (UCOM/DPB).– La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado (PGE) fortalecen la defensa de los derechos humanos, la formación jurídica y la coordinación institucional en temas de interés común, en cumplimiento de los mandatos constitucionales que rigen a ambas entidades, mediante la firma de un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional.
“Con este instrumento, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General del Estado reafirmamos nuestro compromiso con la defensa integral de los derechos humanos, la transparencia institucional, así como la articulación en la defensa legal del Estado y la promoción, educación y protección de los derechos humanos, pilares esenciales para consolidar un Estado social y democrático de Derecho”, expresó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, tras la firma del documento.
El convenio suscrito en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, tiene como objetivo general establecer mecanismos de cooperación y asistencia recíproca que contribuyan al cumplimiento de los fines institucionales de ambas entidades, en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa vigente.
El documento establece tres ejes de cooperación: en el ámbito académico y de capacitación: desarrollo de programas, cursos, talleres y foros conjuntos sobre derechos humanos, gestión pública y defensa legal del Estado, además de la promoción de redes académicas y espacios de intercambio profesional.
En el ámbito de investigación especializada, se ejecutarán estudios y propuestas normativas conjuntas, formación de comisiones técnicas y difusión de resultados de interés público. Y en el ámbito de la coordinación interinstitucional se desarrollará el intercambio de buenas prácticas, elaboración de materiales de sensibilización en derechos humanos y promoción de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos.
El convenio tendrá una vigencia de cinco años, renovable previo acuerdo entre las partes, y será implementado a través de puntos focales designados por ambas instituciones. Las acciones se desarrollarán con recursos propios, sin implicar transferencias financieras.
