TRAS EL INFORME DEFENSORIAL SOBRE SERVIDUMBRE Y EMPATRONAMIENTO EN LA COMUNIDAD ‘LA TUNITA’, INDÍGENAS GUARANÍS RECIBEN DOTACIÓN DE TIERRAS

Santa Cruz, 19 de diciembre de 2024 (UCOM/DPB).- Indígenas guaranís de la comunidad La Tunita, en el territorio Kereimba Iyaambae (Santa Cruz) recibieron la dotación de tierras por parte del Estado. Este hecho ocurre luego que la Defensoría del Pueblo identificó, en 2023, la situación en la que vivían 14 familias de este sector, mediante el informe defensorial: “Persistencia de relaciones de servidumbre o empatronamiento en el chaco cruceño: el caso de familias guaranís empatronadas en el predio agropecuario ‘La Tunita’”.

El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, arribó al lugar, situado a 15 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, en la provincia Cordillera, sede de la Capitanía, comunidad Sausalito, para asistir al evento, donde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hizo la entrega oficial de los títulos que oficializan la dotación de tierras.

“Estamos celebrando un acto muy importante: la entrega de la Resolución de dotación de tierras a la comunidad La Tunita. En agosto del 2023 la Defensoría del Pueblo ha presentado un informe que tiene que ver con las relaciones de trabajo de semi esclavitud y servidumbre de las personas que pertenecen a esta comunidad, que eran objeto de una situación de trabajo de explotación”, señaló la autoridad defensorial.

Callisaya subrayó que la situación denunciada por la institución defensorial está siendo subsanada a través de la entrega de la Resolución de dotación de tierras. En ese marco, destacó el trabajo coordinado de instituciones como el INRA, el Viceministerio de Justicia Indígena Originaria Campesina y la Defensoría del Pueblo.

El informe defensorial daba cuenta de la existencia de indígenas guaranís en condición de servidumbre, quienes, por su trabajo no recibían una remuneración acorde a la normativa vigente y vivían en condiciones de extrema pobreza y vulneración de sus derechos humanos.

El informe defensorial establece que las condiciones de situación de vulnerabilidad, impiden que la población guaraní pueda ejercer sus derechos fundamentales como la alimentación, “al no tener acceso a la cantidad de tierra suficiente para la producción de sus alimentos para el autoconsumo”.

Las limitaciones mencionadas en el informe defensorial daban cuenta de que el acceso al agua de la población, era restringido por los dueños de ‘La Tunita’. Otra de las vulneraciones identificadas es el derecho a la vivienda, pues se evidenció que las familias guaranís ocupaban un espacio promedio de 50 metros cuadrados habitando en condiciones de hacinamiento e insalubridad.