Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observó contradicciones en el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de El Alto la Dirección del Penal de San Pedro en torno a  la suspensión de la audiencia en la que el Ministerio Público debía presentar su requerimiento conclusivo en el proceso abierto en contra de Rubén Callata, acusado de golpear brutalmente a su pareja, Viviana Mallque, quien falleció el jueves tras más de seis meses de permanecer en estado vegetal a causa de los daños que recibió.

La Defensoría del Pueblo observó y cuestionó el lento avance en el caso de Viviana, la joven que estuvo siete meses en coma tras una golpiza de su pareja, Rubén Callata, quien podría quedar en libertad al haber transcurrido los seis meses de detención preventiva que le dieron por tentativa de feminicidio, sin que la Fiscalía haya presentado una acusación formal en este tiempo ni haya determinado su culpabilidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó, formalmente, a la Fiscalía Departamental de La Paz y al Consejo de la Magistratura, establecer responsabilidades por la cesación de la detención preventiva de Sandro Z.C., acusado de violar a sus hijas y concederle detención domiciliaria sin considerar el riesgo de fuga.

La Defensoría del Pueblo cuestionó la decisión del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz que resolvió levantar la detención preventiva para Sandro Z.C., acusado de violar a sus dos hijas A.Z.I. y P.Z.I., desde que ambas tenían 7 y 6 años de edad, respectivamente, y concederle detención domiciliaria.

La Defensoría del Pueblo destaca la decisión de la Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional de sancionar las modificaciones a la Ley N° 870 con la que le transfiere el Servicio para la Prevención de la Tortura. Con esta determinación el Estado boliviano cumple sus compromisos convencionales y las recomendaciones internacionales para garantizar un Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura que sea independiente.

La Defensoría del Pueblo destaca los resultados de la investigación realizada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GIEI- Bolivia, presentados hoy, que serán un aporte al esclarecimiento de los hechos registrados durante el conflicto poselectoral de 2019, y que ratifica y confirma las conclusiones del trabajo investigativo de la institución defensorial plasmado en el informe “Crisis de Estado – Violación de los Derechos Humanos en Bolivia Octubre – Diciembre 2019”. 

La Defensoría del Pueblo destacó la decisión del Tribunal 11° de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que declaró improcedente la acción de libertad interpuesta en contra de un grupo de defensoras de derechos humanos y de una mujer víctima de violencia por parte de su pareja.

La Defensoría del Pueblo lleva adelante una investigación sobre las circunstancias en se aprehendió al ciudadano Marco Antonio Bascopé Revuelta, miembro de la denominada “Resistencia Juvenil Cochala”, el 20 de julio, para verificar el respeto de sus derechos humanos; asimismo, espera el informe médico forense para establecer si existió vulneración a su derecho a la integridad física y psicológica durante su aprehensión y posterior traslado a la ciudad de Sucre. Personal defensorial evidenció que el señor Bascopé se encuentra, actualmente, acompañado de sus familiares y recibiendo atención médica.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que las prácticas represivas de las fuerzas policiales y militares continúan presentes en Bolivia, y que el Estado boliviano no cumple con sus obligaciones de adecuar la norma y de juzgar los casos de tortura. 

La Defensoría del Pueblo rechaza todo pronunciamiento público, especialmente de líderes o formadores de opinión, que utilice cualquier condición de discapacidad con la finalidad de denigrar a otras personas, pues estas declaraciones no ayudan a erradicar las barreras actitudinales ni los prejuicios que aún están presentes en nuestra sociedad y que deben enfrentar las personas con discapacidad.