Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas la omisión del Estado boliviano para establecer medidas diferenciadas para la protección de esta población frente a la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias e instituciones competentes a garantizar la protección para la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, en cumplimiento de lo que dispone la Ley 243 contra la Violencia y Acoso Político, frente a las presiones y desconocimiento de los derechos políticos de esta legisladora quien fue obligada a presentar su renuncia al cargo.

La Defensoría del Pueblo deplora y rechaza la falta de ética y responsabilidad en la que incurrió el programa televisivo No Mentirás, que anoche transmitió en vivo el fallecimiento de una persona con COVID-19, imágenes que vulneran los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, y transgreden la inviolabilidad de la dignidad, todos protegidos por la Constitución Política del Estado.

La Defensoría del Pueblo expresó preocupación por la situación de los trabajadores de los medios estatales, periódico Bolivia, Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) y Radio Illimani que se encontrarían en la incertidumbre sobre su condición laboral, y anunció que realizará una verificación para garantizar el respeto y cumplimiento de derecho laborales de estas personas.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, tras sostener una reunión con las víctimas y familiares de la  denominada masacre de Pedregal, en la zona sur de La Paz, ocurrida el 11 de noviembre de 2019 producto de la incursión policial, reiteró su cuestionamiento al Gobierno porque a siete meses de esos hechos, éstos siguen en la impunidad y no se cumplió con el resarcimiento por los fallecidos y atención médica para los heridos.

La Defensoría del Pueblo advirtió de la existencia de amenazas a la independencia judicial en el país, lo cual se ve reflejado en la detención del juez Hugo Huacani, por una denuncia de prevaricato interpuesta por el Viceministro de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Guido Gustavo Melgar, tras haber dispuesto la modificación de medidas cautelares en un causa ordinaria en la que el Gobierno es parte.

La Defensoría del Pueblo, en un seguimiento al trabajo que realizan 56 Defensorías de la Niñez y Adolescencia (DNA) en distintos municipios del país, durante este periodo de cuarentena por el COVID-19, identificó deficiencias en la atención de casos de violencia y que éstas no se encuentran desplegando todo su potencial en realizar acciones oportunas para proteger a esta población.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno a que las medidas adoptadas para enfrentar al COVID-19 no agraven las desigualdades que enfrentan las personas LGBT y, por el contrario, le insta a sensibilizar al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía para prevenir actos de discriminación y violencia en contra de esta población.

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.