Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, ante la detención indebida de tres activistas en la ciudad de El Alto, recordó a la Policía Boliviana su deber legal de respetar las garantías constitucionales del debido proceso, ajustar su accionar al respeto de los derechos y no incurrir en ningún tipo de persecución sin la debida fundamentación; asimismo, exhortó al Órgano Judicial y al Ministerio Público a resolver el presente caso con la debida objetividad y justicia, no permitiendo la criminalización de la labor realizada por activistas o cualquier persona.

La Defensoría del Pueblo, durante todos los días del conflicto que vive el país, ha evidenciado graves actos de violencia que se han traducido en la afectación a la integridad de más de 500 personas, la muerte confirmada de 18 personas, durante toda la etapa de conflictividad, 14 de éstas en un contexto de intervenciones conjuntas entre Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. Se ha observado un número importante de arrestos de civiles a partir del 10 de noviembre,  que han presentado signos notorios de tratos crueles, motivo por el cual se han remitido comunicaciones escritas de recordatorios, sobre las prohibiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Presidenta del Estado, así como a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana, solicitando que su accionar se enmarque en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo puso en conocimiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la vulneración de derechos y las agresiones que un grupo de personas infringieron contra la dirigente gremial, Paola Karina Aguilar Serrudo, para que esta instancia, observando la gravedad del hecho remita esta denuncia a la Relatoría Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia.

Foto: RRSS

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

La Defensoría del Pueblo antes los recientes discursos intolerantes, discriminatorios y homofóbicos que emiten diferentes candidatos electorales, transgrediendo la Constitución Política del Estado, normas internacionales y leyes vigentes en el país que sancionan estos actos, expresa su total rechazo e insta a las autoridades competentes a tomar las debidas acciones para sancionar según corresponda y establezca la norma en casos de homofobia y discriminación.

A ocho años de promulgada la Ley 139 que establece el 24 de mayo como Día Nacional contra el Racismo y Toda forma de Discriminación, en desagravio a las afrentas que recibieron 50 campesinos producto del profundo racismo de parte de grupos radicales en la ciudad de Sucre, en mayo de 2008,  la Defensoría del Pueblo destaca que desde el Estado existen avances importantes en la lucha por erradicar estas dos formas de actitudes que vulneran los derechos humanos; no obstante, reconoce que lo avanzado no es suficiente.