Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz que generen un espacio de diálogo para atender las demandas del Consejo Departamental de Salud (CODESA) de esa región, que determinó un paro de actividades de 48 horas, y les recuerda que tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud, mucho más ahora que atravesamos la segunda ola de la COVID-19.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo reprocha que los médicos de Santa Cruz hayan llevado a cabo un paro de actividades, pues esta medida atenta en contra de la salud de la población, más aún en un periodo de pandemia por la COVID-19, y exhorta tanto a las instancias gubernamentales como al sector movilizado a buscar el diálogo como medida de entendimiento real, sincero, razonable y con medidas proporcionales, para evitar el conflicto que, en este caso, usa a la población como recurso de presión.

La Defensoría del Pueblo convoca al Tribunal Supremo Electoral y a las agrupaciones políticas a cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades nacionales durante todas las etapas del proceso electoral de las elecciones subnacionales que se avecinan, a fin de evitar una mayor propagación de la COVID-19. 

Un informe defensorial sobre la situación de los Institutos de Investigación Forense (IDIF) en el país, presentado este lunes, evidencia que éstos enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinada área.

Descarga el Informe Defensorial aquí

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó, este jueves, que las Fuerzas Armadas (FFAA) no pueden evadir su responsabilidad en la vulneración de derechos constitucionales cometidos en 2019 al poner como excusa que acataron una orden superior. 

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto poselectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La Defensoría del Pueblo, ante declaraciones que circulan en redes sociales, sobre un supuesto reconocimiento formal y respaldo institucional a agrupaciones de víctimas del conflicto poselectoral de 2019, aclara que: 

La Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia suscitados en torno al control del mercado legal de la coca, Adepcoca, en la zona de Villa Fátima, donde dos grupos, uno encabezado por Franklin Gutiérrez y el otro liderado por Elena Flores pugnan por la administración de ese centro y exhorta a las partes a que resuelvan sus diferencias en la mesa del diálogo. 

La Defensoría del Pueblo condena los ataques que sufrieron anoche periodistas de la ciudad de Cochabamba, cuando hacían la cobertura informativa de los bloqueos que protagonizaban vecinos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, y recuerda que la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales protegen el trabajo de la prensa y la libertad de expresión.