Gestor de Notas de Prensa

Curahuara de Carangas, Oruro, 20 de julio de 2021.- La Defensoría del Pueblo y el Gobierno Municipal de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, firmaron un convenio interinstitucional para desarrollar acciones conjuntas de incidencia y gestión para el fortalecimiento de los servicios de atención y protección a poblaciones en situación de vulnerabilidad en esa región.

La Defensoría del Pueblo, en una verificación realizada a establecimientos de salud en distintos puntos del país, detectó que persiste el desconocimiento de la normativa e incumplimiento del procedimiento técnico, por parte del personal médico, para la aplicación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE); además de la inexistencia de equipos multidisciplinarios y falta de medicamentos e insumos.

La Defensoría del Pueblo realizó una verificación a 62 oficinas dependientes de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), en 50 municipios del país, y evidenció deficiencias en cuanto a equipamiento y comunicación que afectan la atención a las víctimas que acuden a estas reparticiones.

La Defensoría del Pueblo exige al Ministerio Público y a la Policía Boliviana aplicar todos los mecanismos necesarios para ejecutar el mandamiento de detención preventiva en contra de Omar Ordoñez, quien, gracias a la decisión de la Sala Penal Primera de Cochabamba, presidida por la Vocal Mirtha Montaño, fue liberado y hoy se encontraría prófugo.

La Defensoría del Pueblo destacó la determinación de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba que dejó sin efecto la decisión de la vocal presidente de la Sala Penal Primera de esa jurisdicción, Mirtha Montaño, de liberar a Omar Alejandro Ordoñez Avilés, condenado a 30 años sin derecho a indulto por el feminicidio de la adolescente María del Carmen Carvallo Reyes en 2016.

La Defensoría del Pueblo observa y rechaza la determinación asumida por la Sala Penal Primera de Cochabamba, presidida por la vocal Mirtha Montaño, de revocar la detención preventiva de un miembro de la pandilla “Wander Rap”, O.A.O.A., quien fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por el feminicidio de la adolescente María del Carmen Carvallo Reyes en marzo de 2016, sentencia que aún no está ejecutoriada porque cursa un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.

La Defensoría del Pueblo lamenta y repudia la convocatoria a la elección de Miss MAS-IPSP organizada por grupos de Integración Cultural del Oriente y Organización Élite Juvenil; considera que este tipo de eventos refuerza estereotipos de género e incurre en violencia simbólica, afectando los derechos de las adolescentes y mujeres en general, hecho que debe ser rechazado desde cualquier institución estatal, organización y sociedad en general. 

La Defensoría del Pueblo identificó que, de un total de 18.742 sentencias emitidas, durante el 2020, en diferentes materias de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, sólo 2.395 tuvieron una perspectiva de género, lo que equivale al 13% del total. Por esta razón, esta institución defensorial cumpliendo su rol de defensa de la sociedad exhorta al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, al Tribunal Supremo de Justicia y al Consejo de la Magistratura a adoptar medidas con carácter de urgencia para la aplicación efectiva de la perspectiva de género al momento de juzgar.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este miércoles, exigió al Ministerio Público y al Órgano Judicial acciones diligentes y efectivas para sancionar los hechos de feminicidio, que en lo que va de esta gestión suman 32, y los casos de violencia hacia las mujeres.

La Defensoría del Pueblo investiga el caso de violación sexual contra una paciente por un médico de la Clínica AMID, a donde la víctima acudió para una atención ginecológica y fue inyectada con una sustancia que la dejó inconsciente, según la denuncia presentada, y pidió a las instancias competentes acciones diligentes para sancionar este hecho.