Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, en fecha 21 de agosto del presente año ha recibido, vía correo electrónico, una carta de N.M.C., en la que denuncia que ella y su familia desde el 6 de julio de este año, han sido víctimas de detenciones ilegales, amenazas, acoso, intimidación, persecución y maltrato por parte de funcionarios policiales; N.M.C. también refiere que fue obligada a declarar en contra de su propia voluntad y que teme por su vida y la de su familia.

La Defensoría del Pueblo condena la difusión en redes sociales de un video de índole sexual, en el que supuestamente estaría involucrada la Presidenta del Senado, Eva Copa; rechaza este tipo de acciones que afectan la dignidad de cualquier mujer y evidencian la reproducción de un sistema patriarcal en el que impera toda forma de violencia, incluyendo la mediática y la política.

La Defensoría del Pueblo considera que son insuficientes los esfuerzos realizados por el Estado para atender a las mujeres víctimas de violencia y  observa que, actualmente, en tiempos de pandemia, denunciar casos de violencia de género encuentra mayores obstáculos que cuando no existían las limitaciones por la COVID-19.

“Me ha engañado” es el nombre del documental producido por la Defensoría del Pueblo, trabajo que, basado en un caso del feminicidio, muestra los efectos colaterales y el daño que enfrentan la familia, principalmente los hijos, que son las mayores víctimas de este delito, que alcanzó a 45 casos en lo que va de este año.

La Defensoría del Pueblo pidió al Comando General de la Policía Boliviana inicie una investigación,  sería e imparcial, y se someta a un proceso interno al efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), para establecer las sanciones que corresponden por incurrir en una agresión sexual contra una mujer al momento de arrestarla, el pasado viernes, en inmediaciones de la zona de Senkata en El Alto.

La Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), ante el alarmante incremento de casos de violencia hacia mujeres en esta etapa de emergencia sanitaria, acordaron trabajar de manera coordinada y conjunta para prevenir este delito y fortalecer las medidas de protección a través de la implementación de mecanismos de difusión e información sobre servicios y rutas de atención para  estas víctimas.

La Defensoría del Pueblo, habiendo tomado conocimiento de la difusión, en distintos medios, de información que afirman que “la hija de una funcionaria pública de la Defensoría del Pueblo estaría involucrada en el señalado ilícito”, recuerda que la responsabilidad penal es INTUITU PERSONAE.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.