Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo reconocerá el aporte y la lucha de cuatro mujeres mineras, Luzmila Rojas de Pimentel, Angélica Romero de Flores, Aurora Villarroel de Lora y Nelly Colque de Paniagua, en la recuperación de la democracia en el país, con un homenaje especial que se desarrollará el 31 de mayo a horas 18:30, en el auditorio “Ana María Romero de Campero” de la institución defensoria

La Paz, 25 de mayo de 2019.- La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció que la mañana de este viernes, policías de turno en el penal de Villa Busch, en la ciudad de Cobija, obstaculizaron el trabajo defensorial y una de ellos, atentó contra la dignidad e integridad física de una servidora de la institución, quien fue objeto de toques indebidos durante una requisa.

La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), a fin de prevenir la violencia y acoso político, coordinan acciones para mejorar la implementación de la Ley 243 que norma y sanciona estos delitos; en esa línea,  el jueves 16, organizaron un taller de capacitación dirigido al personal de instituciones que trabajan en esta temática, a fin de reforzar sus conocimientos e identificar las dificultades que impiden una eficiente aplicación de la normativa.

La Defensoría del Pueblo, dentro del seguimiento al cumplimiento a recomendaciones contenidas en el “Informe Defensorial: Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de la Ley 348”, logró el compromiso de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), para la apertura de un centro especializado para la atención a víctimas de violencia.

Tras gestiones realizadas por la Defensoría del Pueblo en coordinación con Defensa Publica  Oficial de la provincia argentina de Salta, y apelando a razones humanitarias, se logró la liberación de la boliviana P.V.N., quien se encontraba detenida en la cárcel de la ciudad de Guemes, por el delito de tráfico de estupefacientes. Según informaron desde el país vecino, este 15 de abril se le concedió la libertad tras establecerse una condena de tres años con suspensión y el compromiso de remitir y verificar su domicilio en Bolivia.

La Paz, 4 de abril de 2019.- Datos oficiales señalan que en Bolivia más del 63% de las mujeres que fueron atendidas durante su parto en un centro de salud, fueron víctimas de violencia ginecobstétrica. A partir de esta realidad, la Defensoría del Pueblo elaboró una propuesta de política pública para prevenir este tipo de violencia de género, que se ejerce dentro de un marco de subordinación y discriminación que deriva en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que señala que trabajadoras sexuales del local “Casa de Senet”, ubicado en la zona Piñami Chico del municipio de Quillacollo, fueron víctimas de violencia institucional, estigmatizadas, afectadas en su dignidad, privacidad e imagen y en su derecho al trabajo. Responsabiliza de excesos y agresiones en contra de ellas, a efectivos de la Policía Boliviana, a una Concejala municipal y funcionarios  ediles.

Las concejalas Z.M.M. y L.T.V.V. del municipio de Papelpampa, en la provincia paceña de Sica Sica,  que fueron víctimas de violencia y acoso político al ser alejadas de los cargos que ocupaban como Presidenta y Vicepresidenta del Concejo Municipal, respectivamente, ganaron un amparo constitucional en el que la Defensoría del Pueblo intervino como tercero interesado y logró que el Tribunal de Garantías, durante una audiencia realizada este jueves, concediera la tutela y ambas autoridades ediles puedan ser restituidas en sus cargos. 

En respuesta y cumplimiento a la determinación de la Defensoría del Pueblo, la Caja Nacional de Salud de Sucre suspendió al médico J.N.M., jefe interino del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Obrero “Dr. Jaime Mendoza”, para iniciarle un proceso administrativo por negarse a realizar la interrupción legal del embarazo de la ciudadana P.A.A.

La Defensoría del Pueblo emitió una Resolución Defensorial en la que solicita a las autoridades del Hospital Jaime Mendoza de Sucre, a las oficinales regional y nacional de la Caja Nacional de Salud y al Ministerio de Salud, establecer  la responsabilidad civil, penal y/o administrativa que corresponda contra los responsables de la vulneración de derechos  de la ciudadana P.A.A., quien solicitó la interrupción legal y segura de su embarazo por malformación congénita del feto,  amparada en la Sentencia Constitucional Plurinacional Nº 206/2014 y otras normativas.