Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.

La Defensoría del Pueblo, formalmente, pidió al Gobierno brinde asistencia jurídica y administrativa para tres ciudadanos bolivianos con discapacidad auditiva que fueron detenidos en Brasil, aparentemente, por vulnerar las restricciones de salud producto de su condición.

 La Defensoría del Pueblo demandó al Estado boliviano a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el 23 de abril pasado urgió a los Estados a brindar una protección reforzada a las personas adultas mayores ante la crisis sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19; y solicitó la aplicación de medidas especiales para este grupo vulnerable de la sociedad a fin de evitar que sean expuestos a posibles contagios.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, advirtió que la Presidenta del Estado, Jeanine Áñez, y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; de Salud, Marcelo Navarro; y de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias, incurren en los delitos de incumplimiento de deberes y desobediencia a acciones de defensa y de inconstitucionalidad, debido a que hasta el momento incumplieron lo dispuesto en la Resolución 012/2020, de 9 de abril de 2020, de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que instruyó al Órgano Ejecutivo garantizar el traslado de las personas varadas en otra región del país hacia su lugar de origen.

La Defensoría del Pueblo condena y rechaza enérgicamente, las agresiones y la discriminación de las que fue víctima un grupo de médicos y enfermeras por parte de vecinos enardecidos en el municipio de Rurrenabaque, quienes, la noche de este 28 de abril, tras anoticiarse que este personal de salud atendió a un paciente sospechoso de coronavirus, llegaron hasta el hotel donde se hospedaba para obligarlo a abandonar el lugar, sin considerar  que había cumplido entre 24 y 36 horas de servicio sin descanso.

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de cerrar las agencias bancarias en varias regiones del Chapare, afirmó que esta medida afectará en el pago del Bono Familia y Canasta Familiar, otorgados por el Estado por la situación de emergencia sanitaria y cuarentena que vive el país, por lo que pidió garantizar de forma igualitaria la cancelación de éstos bonos a los beneficiarios que habitan estas localidades.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.