Gestor de Notas de Prensa

El 6 de febrero de la presente gestión, la Defensoría del Pueblo logró la tutela en la Acción de Protección de Privacidad interpuesta ante la Sala Constitucional 2da. del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en favor de Reyna R.H.H.; hecho que marcó un hito en la protección de los derechos humanos respecto al principio de presunción de inocencia, tras la exhibición mediática por parte de autoridades de Gobierno.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del comunicado TA 007/2025 emitido por el Tribunal Agroambiental en fecha 16 de abril de 2025, que alerta sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan las juezas, jueces y magistrados en la Jurisdicción Agroambiental debido a “escenarios de creciente presión e injerencias de todo tipo debido a la judicialización de conflictos socioambientales que pueden comprometer la independencia de sus decisiones”.

El Estado Plurinacional de Bolivia se declaró como un Estado laico tras la promulgación de la Constitución Política el año 2009. De manera específica, el artículo 4 de la Constitución boliviana determina que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y que, el Estado es independiente de la religión. Así también, a través del numeral 3 del artículo 21 se reconoce que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

A través de redes sociales y medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de un hecho violento con el uso de arma de fuego que provocó la muerte de un joven del Trópico de Cochabamba, identificado como J.C., la madrugada del 26 de marzo, en el que estarían involucrados efectivos policiales según las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, señalando que los mismos, habrían actuado en defensa propia en medio de un operativo policial. 

Los recientes casos de feminicidio y tentativa de feminicidio en el país han vuelto a evidenciar la extrema violencia que sufren las mujeres y sus graves consecuencias en el entorno familiar, particularmente en la vida de niñas, niños y adolescentes (NNAs) que quedan en situación de orfandad. Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo subraya la necesidad de que el tratamiento informativo de estos hechos se realice con responsabilidad, evitando la revictimización y la exposición indebida de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo dentro sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de la normativa vigente tiene la obligación de proteger los derechos humanos y de la Madre Tierra, al igual que cualquier otro derecho.

La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de la situación de conflictividad que atraviesa el país como efecto de la crisis económica por la escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles que ha provocado el alza de precios de alimentos de la canasta familiar, así como el encarecimiento de otros insumos como medicamentos y otros.

La crisis económica y política que atraviesa el país, marcada por la escasez de gasolina, diésel y dólares ha repercutido de manera negativa en la economía de las y los bolivianos durante los últimos meses, generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas, empresariales, así como de la población boliviana en general.

A través de medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, tomó conocimiento del caso del adolescente de 16 años identificado como C.C.D.D, que fue sentenciado a seis (6) años de prisión en aplicación del Código Niño, Niña Adolescente (CNNA), por los delitos de violación y asesinato de su hijastra.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante los recientes accidentes de tránsito ocurridos en Potosí (Bolivia) que han cobrado vidas y dejado a muchas personas heridas. La seguridad vial es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante la adopción de medidas efectivas para proteger la integridad, la salud y el derecho a la vida de todas las personas.