Gestor de Notas de Prensa

A fin de promover conciencia a la humanidad sobre los problemas ambientales inherentes a las actividades realizadas por los seres humanos, el 2009, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 22 de abril el Día Internacional de la Madre Tierra, reconociendo así que la Madre Tierra en su conjunto, es sujeto de derechos, mismos que son vulnerados.

La Defensoría del Pueblo ha declarado esta gestión como el Año Defensorial Contra la Violencia hacia las Mujeres, en ese marco, se ve con preocupación las alarmantes cifras que reporta el Ministerio Público, dando cuenta que, cada día, aproximadamente, 107 mujeres son víctimas de violencia familiar o doméstica; cada dos días hay víctimas de feminicidio en grado de tentativa, y cada seis días se registra un feminicidio.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el latente riesgo de interrupción continua del proceso de Preselección de candidatas y candidatos para Elecciones Judiciales 2024 en curso, que, una vez más, se ve paralizada a efecto de un amparo constitucional.

La Paz, 17 de abril de 2024

En las últimas semanas se han reproducido diferentes expresiones discriminatorias sobre las personas migrantes en territorio boliviano, ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recuerda que la dinámica migratoria tiene origen en la crisis humanitaria a nivel mundial, producto de desplazamientos forzosos por diversos motivos que agravan exponencialmente la situación de vulnerabilidad de las personas extranjeras migrantes, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, entre otras personas que buscan nuevas oportunidades de vida en otros países, sometiéndose incluso a riesgos como el narcotráfico, la trata de personas u otro tipo de actividades delictivas.

La Defensoría del Pueblo, con motivo del Día de la Niña y el Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia, reitera su compromiso firme en la protección y promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país.

 A partir del informe de la CIDH: “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia", la Defensoría del Pueblo ha identificado algunos elementos que merecen ser repensados. Sin el ánimo de cerrar el debate es necesario resaltar lo siguiente:

Tras los hechos suscitados en el municipio de Ocurí (Potosí) el 8 de marzo de 2024, donde un grupo de comunarios habrían tomado de forma violenta la infraestructura de la Alcaldía Municipal exigiendo la renuncia de concejalas; la Defensoría del Pueblo interviene en el caso, donde se tendrían identificados actos de acoso y violencia política contra las concejalas, a quienes se les habría presionado y llevado en contra de su voluntad a la comunidad de Maragua para exigirles la renuncia a sus cargos.

Ante los hechos suscitados en el Centro de Educación Integral “Chetequije” donde se encuentran adolescentes atravesando distintos estados emocionales y de adaptación, tras ser acogidos circunstancialmente e institucionalizados; dos Asambleístas Departamentales realizaron una inspección sorpresa, ingresando a los ambientes del Centro vulnerando los derechos de reserva, confidencialidad e integridad de los adolescentes acogidos.

Ante las emergencias suscitadas en diferentes zonas del municipio de La Paz y en cumplimiento con la Ley Municipal Autonómica 005/2010 de Gestión Integral de Riesgos y Desastres en la cual señala que “en cumplimiento de la competencia exclusiva municipal establecida en el artículo 100, parágrafo III y numeral 12 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización el Alcalde o Alcaldesa de La Paz es la autoridad competente para declarar a través del documento jurídico idóneo que será posteriormente refrendado por el Concejo Municipal situación de emergencia y/o desastre en el ámbito de su jurisdicción” se insta al alcalde municipal de La Paz y al Concejo Municipal, emitir tanto la resolución ejecutiva que declara emergencia en el municipio de La Paz y que la misma sea refrendada por los Concejales en el menor tiempo posible.

Que, el art. 3 de la Convención de la CEDAW establece que los Estados deben “adoptar todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer”. Así también, el art. 7 de la Convención de Belem do Pará estableció que los Estados deben “adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” todas las formas de violencia contra las mujeres.