Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, a través de dos notas remitidas al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y al Comandante General de la Policía, Gral. Rodolfo Montero, información sobre la reglamentación que regula la forma en que los efectivos policiales realizan el control del abastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad establecidos en el Decreto Supremo 4200, especialmente a pequeños productores y comercializadores.

La Defensoría del Pueblo, a través de un pronunciamiento público, pidió que el pago de la Renta Dignidad y de las jubilaciones se realice a domicilio o en cuentas bancarias para proteger a las personas adultas mayores ante la emergencia provocada por el coronavirus COVID-19. Asimismo, demandó asistencia para personas adultas mayores de 65 años o más de edad, personas adultas mayores en situación de calle y en centros de acogida.

La Defensoría del Pueblo demanda acciones inmediatas en favor de bolivianos que se encuentran varados en países como Alemania, Argentina, Chile, Irán y Estados Unidos, y que pretenden retornar al país pero que no pueden hacerlo por diferentes razones, como la falta de recursos económicos y problemas derivados de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó, mediante una misiva dirigida al Ministro de Obras Públicas, Iván Arias, vuelos solidarios para las personas que quedaron varadas como efecto de la aplicación del Decreto Supremo 4196 del 17 de marzo pasado, que declara emergencia sanitaria nacional y cuarentena en el territorio boliviano.

La Defensoría del Pueblo habilitó dos nuevos cursos virtuales: “Derechos Humanos para Servidores Públicos” y “Derechos Humanos y Función Penitenciaria”, dirigidos, exclusivamente, a servidores públicos y personal de régimen penitenciario a nivel nacional. Se podrán registrar ingresando al Aula Virtual de la página web de la institución www.defensoria.gob.bo, a partir de este 26 hasta el 30 de abril o hasta cumplir los cupos establecidos.

La Defensoría del Pueblo calificó de irresponsable, inaceptable y un atentado a la salud pública el hecho de que personas de distintos sectores no tomen conciencia de la gravedad de la situación sanitaria por la que atraviesa el país y el riesgo en el que colocan a la población y a sus familiares al incumplir con las medidas de prevención y de cuarentena establecidos por el Gobierno a través del Decreto Supremo 4199, situación que puede incidir en una propagación descontrolada del coronavirus.

Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota oficial dirigida a la Presidente transitoria, Jeanine Áñez, este martes, le pidió adoptar medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de las personas con diferentes tipos de discapacidad (visual, auditiva, intelectual, mental o psíquica, física-motora y múltiple), a través de dotación de productos alimenticios o asistencia económica y productos de limpieza y sanitizadores.

La Defensoría de Pueblo informa que de acuerdo al Decreto Supremo N° 4196 referente a la declaratoria de emergencia por el coronavirus COVID-19, las personas con enfermedades de base, personas adultas mayores, personas embarazadas y los padres o madres o tutores de niños menores a 5 años, gozan de una licencia especial con goce de haberes. Para efectivizar este derecho deberán descargar formularios de la página web https://www.mintrabajo.gob.bo, o solicitarlos a su empleador, una vez llenado el formulario deberá ser entregado en la propia institución donde desempeña sus labores y esta licencia entrará en vigencia al día siguiente de su presentación hasta el 31 de marzo del 2020. 

Cabe aclarar, que el artículo 10 del Decreto Supremo N° 4196, de 17 de marzo de 2020, referido a MEDIDAS LABORALES PREVENTIVAS fue anulado por las DISPOSICIONES DEROGATORIAS del Decreto Supremo N° 4199 del 21 de marzo de 2020.

Ante el pedido de algunos sectores de que se dicte la declaratoria de una cuarentena nacional, la Defensoría del Pueblo, en caso de asumirse esa medida, exige al Gobierno a tomar previsiones y acuerdos para garantizar, mínimamente, la alimentación y los servicios básicos de los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, que son los que adquieren su sustento día a día; el no hacerlo implicaría vulnerar el derecho a la alimentación y las mínimas condiciones de vida.