Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 29 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno Nacional que las futuras medidas económicas tengan un carácter inclusivo y que prioricen el área rural, así como la economía familiar campesina, puesto que el Decreto Supremo 4216, del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y del Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral, del 14 de abril de 2020, sólo benefició al 0,43% de las empresas legalmente constituidas en el país, de las cuales el  0,068% se encuentra ubicada en el área rural. 

La Defensoría del Pueblo demandó a las instancias estatales competentes a garantizar acciones efectivas para controlar y sofocar totalmente el incendio en el Parque Nacional Otuquis y no incurrir en omisiones que puedan generar mayores afectaciones.

La Defensoría del Pueblo de Bolivia, participó de la sesión de trabajo convocada por la Federación Iberoamericana de Ombudsman FIO, con el objetivo de discutir y analizar la incorporación del enfoque de derechos humanos en las evaluaciones de impacto ambiental, con miras de proponer recomendaciones para fortalecer este instrumento preventivo a la luz de los recientes desarrollos internacionales y regionales, para enfrentar la creciente conflictividad socioambiental en la región, particularmente asociada a la minería, los días 2 y 3 de septeimbre, en la ciudad de Santiago de Chile. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este jueves, expresó su preocupación por las consecuencias por los incendios forestales que también afectan regiones de Brasil, Paraguay y Perú, por lo que planteó la necesidad de que los países afectados puedan encarar acciones urgentes; en ese marco, dijo, que la institución defensorial remitió oficios a sus homólogas en esos países, exhortando a que gestionen ante sus gobiernos atención oportuna para prevenir la propagación del fuego en frontera.

La Delegación Defensorial de Chuquisaca, este jueves, socializó el contenido y alcances del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazu”, con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, INRA, gobiernos municipales de Sucre, Las Carreras, Yamparaez y Poroma, y organizaciones sociales.