Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de promover la cultura de paz y la gestión pacífica de la conflictividad, con la finalidad de prevenir la vulneración de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos en Bolivia, en el marco de sus competencias establecidas en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley N° 870, realizó un análisis del Acuerdo Migratorio suscrito entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, con el  objetivo de garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de terceros países que se dirigen a Chile, anticipando posibles impactos antes de su implementación y del desarrollo de su reglamentación, sobre todo de la población más vulnerable en situación de movilidad humana.

La Paz, febrero 17 (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este lunes el “Informe de Rendición Pública de Cuentas – Final 2024” (RPC), en el cual destacó el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos a principios de la pasada gestión. Dicho informe, fue respaldado por 24 instituciones que, con su firma, dieron su conformidad a los datos presentados.

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene el mandato de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y los instrumentos internacionales, así como promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos en situación de conflictos sociales.

La Defensoría del Pueblo ha tomado conocimiento la muerte no natural del ciudadano Francisco Marupa (+), persona perteneciente al pueblo indígena Leco y defensor de derechos de la Madre Tierra. El hecho aún en investigación, habría ocurrido el día 12 de febrero en la localidad de Torewa, ubicada al norte del departamento de  La Paz, al interior del territorio de este pueblo indígena.

A través de una nota oficial, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la queja presentada por la Asociación de Corresponsales de Prensa Internacional (ACPI), y, a través de medios de comunicación, del reclamo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) en referencia a cobros realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro, para la acreditación que permita a periodistas locales, nacionales e internacionales, realizar la cobertura informativa del Carnaval de Oruro, considerando dicha acción vulneratoria al derecho a la libertad de información y derecho al trabajo. 

La Paz, febrero 13 (UCOM/DPB).- Tras una reunión con representantes del Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC) de Nor Lípez, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Solón, el Centro de Documentación e Información Bolivia, (CEDIB), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Asociación Multidisciplinaria de Consultores Ambientales (AMCA) y el Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES-UMSA), emitieron un pronunciamiento conjunto “sobre la explotación de carbonato de Litio y sus impactos socioambientales”, el cual establece cuatro puntos en el marco de la normativa vigente.

En conocimiento del desarrollo del procedimiento para el tratamiento de los contratos suscritos por YLB con las empresas Uranium One Group y Hong Kong CBC para la explotación de Carbonato de Litio, es de preocupación y carácter urgente, el análisis y cumplimiento de los derechos ambientales, los derechos de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos y los derechos de la Madre Tierra. En este sentido, exhortamos a los niveles responsables de la aprobación de los contratos referidos y al conjunto de las instituciones del Estado, al desarrollo transparente y participativo conforme los principios tanto precautorio como preventivo de las siguientes acciones en el marco de la normativa vigente:     

La Paz, febrero 12 (UCOM/DPB). - Ante prácticas y discursos de racismo y discriminación, la Defensoría del Pueblo a través de un Pronunciamiento y una nota dirigida al presidente del Comité Nacional de Lucha Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación solicitó: “convoque a una sesión extraordinaria con carácter de urgencia, con la finalidad de analizar y concretar acciones conjuntas para atender la problemática expuesta”.

La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la vigencia, defensa y promoción de los derechos humanos, junto con el Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación, expresa su preocupación por el aumento de prácticas y discursos racistas y discriminatorios en distintos ámbitos de la sociedad. Si bien el Estado, ha emprendido diversas acciones para abordar esta problemática, la persistencia de estas manifestaciones evidencia la existencia de una sociedad aún racializada, donde persisten actitudes y discursos que vulneran la dignidad y los derechos fundamentales de las personas y poblaciones afectadas.