Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el estado de salud y vida de Marco Antonio Aramayo Caballero, quien se encuentra en terapia intensiva en el Hospital de Cotahuma de la ciudad de La Paz por un coma diabético según los reportes médicos preliminares; actualmente, se conoce que aún continúan siendo desarrollados exámenes médicos complementarios, sin embargo, llama  la atención que a más de cuatro días de su traslado a emergencias de un centro de salud, hasta la fecha no se cuenta con un diagnóstico completo y definitivo.

Una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo en ocho hospitales públicos de tercer nivel y siete de la Caja Nacional de Salud, que cuentan con unidades de oncología, constató deficiencias en infraestructura, recursos humanos, equipamiento, dotación de medicamentos, falta de acreditación, entre otras, aspectos que no garantizan una atención de calidad y ponen en riesgo la vida de las y los pacientes con cáncer, informó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz. 

La Defensoría del Pueblo deplora que el gobernador de La Paz, Santos Quispe, haya utilizado adjetivos que hacen alusión a condiciones de discapacidad para descalificar a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, porque la discapacidad debe ser respetada y no implica una incapacidad para el pleno desarrollo de las personas; razón por la cual exhorta a la autoridad de la gobernación paceña a ofrecer disculpas a las personas con discapacidad.

Alrededor de 45 niñas, niños y adolescentes, que por este día asumieron el papel de legisladores en la Asamblea Legislativa Plurinacional, aprobaron por unanimidad el proyecto de Ley para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Feminicidio, que fue presentado por la Defensoría del Pueblo en 2019 y que hasta la fecha sigue a la espera para su tratamiento legislativo.

La Defensoría del Pueblo observó que el Estado vulnera el derecho a la protección que tienen los niños, niñas y adolescentes (NNA) trabajadores debido a que no ha desarrollado los planes y programas establecidos en la norma para proteger a esta población y porque las instancias competentes no cuentan con registros y no hacen inspecciones específicas para verificar sus condiciones laborales, entre otras deficiencias. 

La Defensoría del Pueblo posibilitó que el Consejo Académico Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés disponga el ingreso directo de Eliana C., persona con discapacidad física y motora a la Carrera de Derecho, quien fue víctima de discriminación por parte de la Comisión de Evaluación de Postulantes con Discapacidad que rechazó su admisión bajo el argumento de que “no es apta” para estudiar esa carrera universitaria.

La Defensoría del Pueblo constató que en el primer día del paro de 48 horas convocado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Salud Pública de Bolivia, fue parcial.

El Alcalde de Vitichi, del departamento de Potosí, Silverio Donaire Ojeda, en una visita oficial a la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, le entregó hoy la Ley Autonómica Municipal 065/2022 de “Política de Asistencia Integral a NNA Víctimas de Feminicidio”, documento que es el resultado de un trabajo conjunto entre ambas instituciones, y que tiene la finalidad de brindar una protección integral a las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio en ese municipio.

La Defensoría del Pueblo cuestionó la implementación del “Plan Mochila Segura” que se comenzó a ejecutar en unidades educativas de los municipios de Cochabamba y El Alto porque vulnera derechos a la intimidad, identidad e integridad de las y los estudiantes, y pidió su suspensión para trabajar otro plan que se enmarque en el respeto de los derechos humanos de esta población.

La Defensoría del Pueblo tras tomar conocimiento de la decisión del Juzgado 5to de lucha contra la Corrupción y Violencia contra la Mujer, que dispuso detención preventiva del periodista Luis Alfredo Muñoz Cerna, por cuatro meses en el centro penitenciario de San Pedro en La Paz, expresa su preocupación ante esta determinación, razón por la que ha iniciado una investigación para garantizar el respeto de las garantías del debido proceso y el respeto a la libertad de expresión.