Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, ante las declaraciones de diputados de Alianza Creemos, advierte en estas autoridades legislativas un total desconocimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley N° 870, del Defensor del Pueblo, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y  la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP 206/2014; asimismo, observa una errónea interpretación del contenido y de las determinaciones del Informe Defensorial “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho Humano de las Mujeres”, por lo cual, manifiesta lo siguiente:

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ratificó la existencia de deficiencias y limitaciones en las oficinas departamentales y regionales del Instituto de Investigación Forense (IDIF) en el país, identificadas en las verificaciones realizadas a estas reparticiones a nivel nacional, situación que impide a las víctimas acceder a la justicia.

La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias en la infraestructura de los Centros de Vigilancia, Información y Referencia (CVIR), tanto departamental como regional, situación que no permite brindar una atención en condiciones de confidencialidad y privacidad, e insta a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la salud.

Un informe defensorial sobre la situación de los Institutos de Investigación Forense (IDIF) en el país, presentado este lunes, evidencia que éstos enfrentan deficiencias y limitaciones en el trabajo que realizan, lo cual pone en duda sus informes presentados como medios de prueba en un proceso penal al ser elaborado por personal sin especialización y poco calificado en determinada área.

Descarga el Informe Defensorial aquí

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, afirmó, este jueves, que las Fuerzas Armadas (FFAA) no pueden evadir su responsabilidad en la vulneración de derechos constitucionales cometidos en 2019 al poner como excusa que acataron una orden superior. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se reunió hoy con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de las entrevistas programadas por esta instancia que fue conformada para investigar los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las elecciones generales del pasado año, y entregó el Informe Defensorial Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-noviembre de 2019, y otros documentos recolectados en esa investigación.

Una investigación defensorial evidenció que la atención de casos de violencia hacia la mujer, por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), a través de líneas WhatsApp durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, no fue eficiente ni efectiva, ya que su  ineficacia alcanzó a un 43,3% y en ningún departamento del país se tuvo una respuesta inmediata.

Descarga el informe defensorial aquí

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto poselectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo inició, en Cobija-Pando, la socialización de una propuesta de paquete normativo, elaborado por esta institución, que tiene la finalidad de coadyuvar a los gobiernos autónomos municipales (GAM) y departamentales (GAD) a que incluyan en su reglamentación interna procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de faltas de acoso y violencia política hacia las mujeres. 

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.