Gestor de Notas de Prensa

Santa Cruz.- La Defensoría del Pueblo inició una investigación de oficio sobre el caso del niño fallecido en una guardería de esta ciudad, ante la posibilidad de incumplimiento de deberes del Servicio Departamental de Política Sociales (SEDEPOS) y del gobierno municipal de Santa Cruz, debido que ese centro infantil funcionaba  de forma irregular sin contar con registro legal para ello.

La Defensoría del Pueblo, este martes en una nota remitida a la Presidente del Consejo de la Magistratura, pidió el inicio “inmediato” de las acciones disciplinarias para la destitución del juez 5° de Instrucción en lo Penal de La Paz, Juan Carlos Montalbán, por obstaculizar el trabajo de la institución e incurrir en un exceso y acto ilegal al haber afectado la labor que cumplía personal defensorial en una audiencia judicial.

La Defensoría del Pueblo, como resultado del seguimiento realizado a sus recomendaciones emitidas a 18 municipios a nivel nacional, para que adopten medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de las unidades educativas en las que se encontraron falencias, logró que en 35 de 69 centros de enseñanza, casi el 51%, se hagan mejoras en la infraestructura, condiciones sanitarias, dotación de mobiliario, material deportivo, botiquines y seguridad vial.

La Defensoría del Pueblo, este 22 de enero, cuando se celebra la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, recuerda que la plurinacionalidad no es un discurso ni consigna de un partido político, sino que es elemento estructural del Estado, y que este día ha sido asumido por las naciones y pueblos indígena originario campesinos para celebrar su reconocimiento e incorporación en el Estado como sujetos de derechos, transmitir su identidad, valores y sentido de pertenencia a sus naciones y pueblos y al propio Estado; por lo que tratar de negar esta realidad es atentar contra la riqueza de la diversidad cultural, la pluralidad en sus múltiples manifestaciones y la realidad socio histórica de lo que hoy es Bolivia. 

La Defensoría del Pueblo le recordó al Ministerio Público la especial protección que tienen las mujeres en situación de violencia sexual y el derecho que éstas tienen a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) sin que medien posiciones morales en contrario, razón por la cual pidió el procesamiento interno del personal de la Fiscalía de Potosí que atendió a una adolescente de 15 años víctima de violación, que no recibió atención oportuna y a quien se intentó influir para que continúe con el embarazo producto de la agresión sexual.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Ministerio de Gobierno y a la Policía Boliviana a desmovilizar a grupos civiles que incurren en actos violentos y discriminatorios, y que amedrentan e intimidan a la población afectando y atentando la integridad personal de las y los ciudadanos, lo cual podría constituirse en la comisión de delitos, por lo que espera que el Ministerio Público actúe de oficio para iniciar una investigación.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las instituciones estatales, líderes políticos y organizaciones sociales a garantizar la estabilidad democrática y pacífica que hoy vive el país, y el respeto de los derechos civiles y políticos de toda la población boliviana, que posibiliten alcanzar un proceso electoral transparente y participativo, priorizando el uso de mecanismos de prevención de la violencia como el diálogo y la concertación, y no así el uso de la fuerza estatal.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los líderes políticos, sectores u organizaciones sociales y autoridades del Gobierno a hacer todos los esfuerzos para mantener la paz y fortalecer el diálogo en el país, en el marco del respeto de los derechos y garantías constitucionales; asimismo, cuestiona la persistencia de acciones intimidantes y agresivas por parte de grupos civiles y rechaza declaraciones en torno a la conformación de “milicias armadas”

La Defensoría del Pueblo, el pasado viernes, presentó una propuesta normativa para sancionar a instituciones públicas y empresas privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad o de padres, madres, cónyuges o tutores a cargo de esta población menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, a través de multas económicas de un 20% del salario a las máximas autoridades públicas y 10 salarios mínimos nacionales en el sector privado. 

La Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2019, registró e intervino en 201 conflictos sociales, a través de sus 17 oficinas a nivel nacional,  en los que se observó la vulneración de 273 derechos humanos, mismos que fueron objeto de seguimiento a través de su Sistema de Información de Conflictos Sociales (SICS).