Gestor de Notas de Prensa

Ante los últimos acontecimientos que se desarrollan en Bolivia, es importante que todos los actores involucrados depongan actitudes hostiles para evitar la escalada de conflictividad en el país y reducir cualquier posibilidad de enfrentamientos entre bolivianas y bolivianos. Es fundamental actuar preservando los derechos humanos, principalmente de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 

En el marco de nuestras atribuciones constitucionales regidas por la Ley 870, en su artículo 14, la Defensoría del Pueblo cumple con su rol de “servir de facilitador en la resolución de conflictos”. 

La Paz, 20 de septiembre de 2024.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, emplazó a todas las partes en conflicto a materializar un diálogo sincero y responsable para evitar la profundización de la situación de conflictividad en el país.

El Alto, 19 de septiembre del 2024 (UCOM/UCREA). - La Defensoría del Pueblo, continúa con el seguimiento a la situación de conflictividad en el país y desplegó al personal de la Unidad de Prevención y Transformación de Conflictos, la Delegación Defensorial de La Paz y de la Coordinación de El Alto con el objetivo de velar por el respeto de los Derechos Humanos (DDHH) tanto de los movilizados como de terceos afectados.

La libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales suscritos por Bolivia. En ese marco, la Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos movilizados contra tres periodistas de Cadena A (Oruro), SEO TV y Wara Tv mientras realizaban la cobertura informativa del recorrido de marchistas a la ciudad de La Paz y durante los enfrentamientos suscitados la tarde del pasado martes 17 de septiembre del año en curso. Asimismo, de tres trabajadores de la prensa de Bolivia Tv durante la presente jornada que relatan haber sufrido la obstaculización de su trabajo de prensa, así como agresiones físicas y psicológicas. 

El informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de la presente gestión, refiere en su acápite Deterioro del debate público, liderazgos públicos y su impacto en la conflictividad social, que discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo, respecto a diferentes escenarios de conflictividad y situación de los derechos humanos en el país desde 2006.

La Paz, 18 de septiembre de 2024.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que la audiencia de Acción Popular por incendios forestales será el próximo 24 de septiembre en el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.

La Paz, septiembre 18 (UCOM/DPB). - Con el objetivo de velar por el respeto a los DDHH de los marchistas y posibles terceros afectados, la Defensoría del Pueblo, por segundo día consecutivo, realiza el seguimiento a la marcha protagonizada por distintos sectores sociales que recorren la carretera que conecta a Oruro y La Paz.

La Paz, 17 de septiembre de 2024 (UCOM/DPB). – Luego de los hechos ocurridos en la localidad orureña de Vila Vila, al arribo de la marcha de diferentes organizaciones sociales, El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, llamó a los sectores en conflicto a encaminarse por la ruta del diálogo. La autoridad aseguró que “la violencia no es la salida para resolver ningún conflicto” y exhortó a todos los actores involucrados a actuar responsablemente y resguardar la democracia. 

Ante la situación de conflictividad en el país, la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones, ha desplegado a personal de las delegaciones defensoriales departamentales de La Paz y Oruro, además de la coordinación regional de El Alto, para realizar el seguimiento al desarrollo de la marcha que partió la mañana de hoy desde Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz a objeto de precautelar la posible vulneración de derechos humanos tanto de quienes realizan la medida de protesta como de quienes no son parte de ella.