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La Defensoría del Pueblo observó que, a dos semanas de haberse aprobado el Decreto Presidencial 4226 de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias, no existe ninguna persona privada de libertad beneficiada con estas medidas, por lo que demandó a las instancias competentes, celeridad y eficiencia en la implementación de acciones y mecanismos para cumplir con lo dispuesto en esa normativa.

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en nota dirigida al Director General de Régimen Penitenciario, Cnl. Clemente Silva Ruiz, pidió la urgente aplicación de medidas para evitar contagios masivos en la carceleta de Bahía, en el municipio de Puerto Suárez, donde se comprobó que unos de los policías de seguridad es portador de COVID-19 y que no obstante de haber sido aislado, éste mantuvo contactos con sus colegas, con población penitenciaria y otras personas durante un día.

El Decreto Presidencial 4213 de Amnistía e Indulto por razones humanitarias, modificado por el 4221, para favorecer a personas privadas de libertad ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, fueron observados por la Defensoría del Pueblo que advierte que éstos establecen un procedimiento dilatorio y burocrático en los trámites que impediría que esta población pueda acceder a esos beneficios.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidente del Estado, Jeanine Áñez, la emisión de un Decreto Presidencial de Indulto extraordinario para reducir el hacinamiento penitenciario ante el peligro de contagio y propagación masiva del COVID-19 en recintos carcelarios; en otra nota al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió declarar estado de emergencia penitenciaria.

La Defensoría del Pueblo habilitó dos nuevos cursos virtuales: “Derechos Humanos para Servidores Públicos” y “Derechos Humanos y Función Penitenciaria”, dirigidos, exclusivamente, a servidores públicos y personal de régimen penitenciario a nivel nacional. Se podrán registrar ingresando al Aula Virtual de la página web de la institución www.defensoria.gob.bo, a partir de este 26 hasta el 30 de abril o hasta cumplir los cupos establecidos.

La Defensoría del Pueblo denuncia que el cierre de las carceletas rurales, como anunció el Gobierno, provocará vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, debido a que su traslado a las cárceles urbanas podría agravar el hacinamiento y las condiciones de vulnerabilidad en las que viven.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

“Entrenando por la Liberación” es el nombre del programa que la Defensoría del Pueblo impulsa para incidir en los procesos de readaptación y reinserción social de personas privadas de libertad, a través de la formación de entrenadores deportivos y árbitros de fútbol. El mismo fue presentado, este jueves, en el penal de Palmasola como un proyecto piloto que será replicado en el resto de las cárceles del país, como un aporte en el fortalecimiento de la terapia ocupacional y que posibilite mejorar la productividad económica de esta población.