Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo posibilitó que el Consejo Académico Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés disponga el ingreso directo de Eliana C., persona con discapacidad física y motora a la Carrera de Derecho, quien fue víctima de discriminación por parte de la Comisión de Evaluación de Postulantes con Discapacidad que rechazó su admisión bajo el argumento de que “no es apta” para estudiar esa carrera universitaria.

La Defensoría del Pueblo, a través de una acción de amparo constitucional, logró que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz conmine a la Alcaldía de La Paz, a la inmediata reincorporación laboral de M.R.C.D, aunque observó que el fallo no ordene que se le pague sus salarios devengados y se cumplan otros derechos laborales. 

La Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela y protección solicitada por la Defensoría del Pueblo en favor de la señora Mónica Elizabeth Mendieta Aguilar, una persona con discapacidad despedida de manera ilegal y arbitraria por la Alcaldía de La Paz, y ordenó que esta institución la reincorpore a su fuente laboral de manera inmediata.

La Defensoría del Pueblo propone al Gobierno Nacional la adopción de un Protocolo para brindar la Primera Noticia de Deficiencias y Discapacidades, con la finalidad de regular dicho acto para que se realice de forma adecuada y se garantice la derivación de la niña o el niño a los servicios de prevención y rehabilitación. 

El 15 de octubre se conmemora el Día Nacional de las Personas con Discapacidad con el propósito de que como Estado se asuma mayor toma de conciencia respecto a la situación de esta población en situación de vulnerabilidad, su dignidad, derechos, bienestar, participación e inclusión social. 

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes municipales y gobernadores departamentales de acatar el paro convocado para este 11 de octubre, con la suspensión de actividades, lo que se constituiría en una vulneración de los derechos de la población que acude a estas instancias para recibir atención en sus demandas.

La Defensoría del Pueblo demanda al Comando General de la Policía Boliviana que lleve a cabo procesos disciplinarios en contra de efectivos y autoridades policiales que efectuaron, instruyeron o consintieron actos desproporcionados en el uso de la fuerza y actos crueles e inhumanos en contra de personas con discapacidad, que realizaron protestas entre septiembre y octubre del pasado año en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

En el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, la Defensoría del Pueblo llama a las entidades gubernamentales nacionales, departamentales y municipales a unir esfuerzos para garantizar la vigencia de los derechos de este grupo poblacional y a eliminar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que limitan su participación plena en la sociedad.

La Defensoría del Pueblo, condena el uso abusivo de la fuerza por parte de efectivos policiales para reprimir la protesta realizada por personas con discapacidad visual, quienes se encontraban en inmediaciones de la Plaza Murillo reclamando atención a su demanda del pago de un bono.

La Defensoría del Pueblo recomienda al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, la elaboración de un Plan Multisectorial para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, que contenga líneas de acción sobre transporte inclusivo para garantizar el derecho a la accesibilidad de transporte público para este grupo poblacional, debido a que encontró que estas personas enfrentan barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que les dificultan el acceso al transporte masivo.