Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo y la Red Nacional de Personas que Viven con el VIH-SIDA en Bolivia (REDBOL), ante la necesidad de trabajar en la atención de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con este virus o que viven con familiares que lo portan, llevarán adelante acciones conjuntas para promover la implementación de políticas públicas y medidas de protección que aseguren el desarrollo físico y emocional de esta población.

La Defensoría del Pueblo, en un trabajo conjunto con instituciones públicas y organizaciones sociales que trabajan en la prevención de la trata y tráfico, promovió la elaboración del “Proyecto de Ley Reporte, Registro, Difusión, Medidas Especiales y Coordinación para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”, que tiene como objetivo, fundamentalmente, agilizar los trámites y procedimientos para la búsqueda de quienes han sido reportados como desaparecidos.

Tras un análisis sobre la situación que enfrentan las personas enfermas con cáncer e identificar la ausencia de un marco normativo que les permita mantener su trabajo y por ende el seguro médico, la Defensoría del Pueblo presentó el Proyecto de Ley de Protección Reforzada para Personas con Cáncer que tiene como finalidad proteger la vida, dignidad y bienestar de esta población facilitando los accesos a los servicios de salud a través de la inamovilidad laboral y medidas especiales. 

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su preocupación por la situación de desprotección en las que se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio, por lo que instó al Estado a asumir acciones en ese sentido, y demandó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a aprobar medidas que garanticen y aseguren una efectiva protección a esta población.

La Defensoría del Pueblo, tras una verificación al Centro de Vigilancia, Información y Referencia (CDVIR) de Cochabamba, evidenció la afectación en la dotación de medicamentos antirretrovirales (AVR) a personas que viven con VIH-SIDA, las cuales estarían sufriendo un racionamiento en el suministro, lo cual podría afectar su tratamiento médico, ya que el stock existente abastecerá hasta la primera semana de febrero.

La Defensoría del Pueblo, como resultado del seguimiento realizado a sus recomendaciones emitidas a 18 municipios a nivel nacional, para que adopten medidas necesarias a fin de mejorar las condiciones de las unidades educativas en las que se encontraron falencias, logró que en 35 de 69 centros de enseñanza, casi el 51%, se hagan mejoras en la infraestructura, condiciones sanitarias, dotación de mobiliario, material deportivo, botiquines y seguridad vial.

La Defensoría del Pueblo, este 22 de enero, cuando se celebra la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, recuerda que la plurinacionalidad no es un discurso ni consigna de un partido político, sino que es elemento estructural del Estado, y que este día ha sido asumido por las naciones y pueblos indígena originario campesinos para celebrar su reconocimiento e incorporación en el Estado como sujetos de derechos, transmitir su identidad, valores y sentido de pertenencia a sus naciones y pueblos y al propio Estado; por lo que tratar de negar esta realidad es atentar contra la riqueza de la diversidad cultural, la pluralidad en sus múltiples manifestaciones y la realidad socio histórica de lo que hoy es Bolivia. 

La Defensoría del Pueblo le recordó al Ministerio Público la especial protección que tienen las mujeres en situación de violencia sexual y el derecho que éstas tienen a acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) sin que medien posiciones morales en contrario, razón por la cual pidió el procesamiento interno del personal de la Fiscalía de Potosí que atendió a una adolescente de 15 años víctima de violación, que no recibió atención oportuna y a quien se intentó influir para que continúe con el embarazo producto de la agresión sexual.

La Defensoría del Pueblo, el pasado viernes, presentó una propuesta normativa para sancionar a instituciones públicas y empresas privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad o de padres, madres, cónyuges o tutores a cargo de esta población menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, a través de multas económicas de un 20% del salario a las máximas autoridades públicas y 10 salarios mínimos nacionales en el sector privado. 

La Defensoría del Pueblo, tras conocer la queja de enfermos renales por la suspensión de la atención en la Unidad de Hemodiálisis del Hospital Boliviano Holandés, a raíz de la protesta de un grupo de enfermeras que decidió dejar de asistir a estos pacientes ante la falta de respuesta para regularizar sus contratos laborales, viabilizó una reunión con la Secretaría Municipal de Salud de El Alto, en la que se acordó atender este reclamo y posibilitar la normalización del servicio.