Gestor de Notas de Prensa

Santa Cruz, 15 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo participó de la graduación de 78 personas privadas de libertad del centro penitenciario de Palmasola, quienes recibieron su certificado como entrenadoras y entrenadores deportivos en el grado de técnico básico y auxiliar, reconocido por el Ministerio de Educación, formación que, una vez en libertad, les permitirá acceder a fuentes de trabajo.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ratificó la existencia de deficiencias y limitaciones en las oficinas departamentales y regionales del Instituto de Investigación Forense (IDIF) en el país, identificadas en las verificaciones realizadas a estas reparticiones a nivel nacional, situación que impide a las víctimas acceder a la justicia.

La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias en la infraestructura de los Centros de Vigilancia, Información y Referencia (CVIR), tanto departamental como regional, situación que no permite brindar una atención en condiciones de confidencialidad y privacidad, e insta a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la salud.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, se reunió hoy con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de las entrevistas programadas por esta instancia que fue conformada para investigar los hechos de violencia ocurridos en el contexto de las elecciones generales del pasado año, y entregó el Informe Defensorial Crisis de Estado, Violación de los Derechos Humanos en Bolivia, octubre-noviembre de 2019, y otros documentos recolectados en esa investigación.

Una investigación defensorial evidenció que la atención de casos de violencia hacia la mujer, por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), a través de líneas WhatsApp durante la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, no fue eficiente ni efectiva, ya que su  ineficacia alcanzó a un 43,3% y en ningún departamento del país se tuvo una respuesta inmediata.

Descarga el informe defensorial aquí

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto poselectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo inició, en Cobija-Pando, la socialización de una propuesta de paquete normativo, elaborado por esta institución, que tiene la finalidad de coadyuvar a los gobiernos autónomos municipales (GAM) y departamentales (GAD) a que incluyan en su reglamentación interna procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de faltas de acoso y violencia política hacia las mujeres. 

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La Defensoría del Pueblo, ante declaraciones que circulan en redes sociales, sobre un supuesto reconocimiento formal y respaldo institucional a agrupaciones de víctimas del conflicto poselectoral de 2019, aclara que: 

La Delegación Defensorial de La Paz gestionó que una persona que quedó con daño neurológico irreversible a causa de la COVID-19, reciba un trato humanitario y que su familia reciba capacitación para asumir su cuidado cuando sea dado de alta del Hospital Materno Infantil.