Gestor de Notas de Prensa

El pasado lunes 29 de enero, en la ciudad de Cochabamba, un grupo de personas realizó un plantón frente a la vivienda donde habitan los familiares de la ciudadana Karen Lorena Gallardo Sejas con la consigna de su renuncia al cargo que actualmente estaría ejerciendo en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Anoticiada de este hecho, la Defensoría del Pueblo, a través de la Delegación Departamental de Cochabamba, registró un caso y se constituyó en el sector en resguardo de los derechos e integridad de los afectados (familiares), entre ellos una persona adulta mayor, un niño y un adolescente; personas ajenas al motivo del plantón.

Ante la aprehensión de manifestantes en algunos puntos de bloqueo instalados en Potosí, Cochabamba y otras regiones, la Defensoría del Pueblo recuerda que la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Política del Estado (Art. 21) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos (Arts. 13,15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; Art. 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; y Art. 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros) que busca la reivindicación de otros derechos, por lo tanto, el Estado se constituye en el principal garante de su ejercicio, como parte de las libertades fundamentales de la democracia, sin embargo, la protesta debe ser pacífica y no violenta, pero fundamentalmente, no debe afectar los derechos de otras personas.

Desde el 13 de abril de 2023, fecha en que la Sala Constitucional de Beni, en un amparo constitucional, concedió la tutela y dejó sin efecto el reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos para las Elecciones Judiciales 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, el país atraviesa un periodo de incertidumbre y, al presente, de conflictividad, reflejada en protestas, movilizaciones y bloqueo de caminos indefinido en el eje troncal; a las cuales la Defensoría del Pueblo hace seguimiento dando prioridad de atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad como mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, adolescentes, entre otros, terceros ajenos al conflicto.

La Defensoría del Pueblo, exhorta a que, en los procedimientos de la justicia de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, sean aplicados respetando los derechos humanos, entendidos de acuerdo al contexto cultural específico. En particular, la equidad de género y el debido proceso, prohibiéndose malos tratos físicos y presiones psicológicas.

Durante esta semana grupos de ciudadanos anunciaron movilizaciones en las ciudades de Santa Cruz, La Paz, Sucre y otras regiones. En la presente jornada, en la capital política del país, tras enfrentamientos entre movilizados y efectivos policiales se registraron dos personas heridas producto de las protestas sociales, la primera por una pedrada en la cabeza y la segunda, por un impacto de un gas lacrimógeno también en la cabeza. Según constató la institución defensorial, ambas personas accedieron a la atención médica por separado, en el Hospital Santa Bárbara y el CIES, donde, tras el servicio profesional, fueron dadas de alta. Los casos se registraron de oficio y se iniciaron las investigaciones defensoriales a fin de esclarecer el uso de la fuerza policial.

Transcurridos 43 años de la Masacre de la Calle Harrington (La Paz), la Defensoría del Pueblo conmemora a los ocho jóvenes dirigentes que, en su inclaudicable lucha por la recuperación de la democracia fueron torturados y asesinados por el régimen dictatorial de Luis García Meza. 

La Defensoría del Pueblo conoció por los medios de comunicación sobre la Declaración Constitucional Plurinacional (DCP) 0049/2023 de 11 de diciembre del año en curso, que resuelve la consulta previa sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 144, interpuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Declaración que, entre otras disposiciones, resuelve la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial (OJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hasta la elección y posesión de las nuevas autoridades judiciales. 

Hace una semana, en la localidad cruceña de Guarayos, cerca de Las Londras, se volvió a desatar las disputas de grupos de ciudadanos por tierras fiscales dentro de la Reserva Forestal de Guarayos y producto de la violencia agudizada, se registró el uso de armas donde varias personas fueron heridas y se segó la vida de un varón.

La gestión 2023 mostró una mayor vulnerabilidad a los pueblos indígena originario campesinos y afectación a los derechos de la Madre Tierra. El cambio climático expresados en periodos de sequía más largos, reducción de cuerpos de agua y fuentes hídricas, reducción en la producción agrícola comunitaria y efectos negativos en la ganadería de pequeña escala, junto a los incendios forestales afectaron a más de tres millones de hectáreas en el país, pero además, los continuos efectos de actividades que no se enmarcan en las normas ambientales, no ejecutan los derechos a la participación y a la consulta previa, libre e informada con consentimiento. Todo esto sitúa a los pueblos indígenas en una posición cada vez más crítica.

Desde el 13 de abril de 2023 en que la Sala Constitucional de Beni concedió la tutela en un amparo constitucional y dejó sin efecto el Reglamento y convocatoria para la preselección de candidatas y candidatos para Elecciones Judiciales 2023 aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, las y los bolivianos atravesamos un periodo de incertidumbre en el ámbito judicial concerniente al Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional.