Gestor de Notas de Prensa

La Paz, 19 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo, este viernes, realizó una verificación en 38 centros de salud, públicos y de la seguridad social en distintos puntos del país, y evidenció que en 27 de estos establecimientos, que representan el 73%, la atención a pacientes fue normal y regular. 

La Defensoría del Pueblo lamenta la decisión del Consejo Nacional de Salud (CONASA) de decretar el inicio de un paro médico nacional en protesta por la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria; y pide a este ente sustentar las medidas de presión anunciadas y que las protestas que protagonizan estén enmarcadas en la Sentencia Constitucional 0326/2019 –S2.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el fallecimiento de un adulto mayor de 75 años por COVID-19 en el hogar “El Buen Pastor” en la ciudad de Cochabamba, y por el estado de otras dos personas adultas mayores diagnosticadas con el virus luego de un rastrillaje realizado por el SEDES, ante esta situación exige a las autoridades extremar esfuerzos para evitar contagios en centros de acogida en todo el país, tomando en cuenta que esta población es la más vulnerable frente a esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo ha verificado que ocho establecimientos de salud de la ciudad de Santa Cruz acatan el paro de 48 horas convocado por el Consejo Departamental de Salud (Codesa), debido a la falta de atención a sus demandas, como la aplicación de una cuarentena rígida y la mejora en la dotación de equipos de protección personal e insumos de bioseguridad. Los nosocomios que cumplen con la medida de protesta son:  Maternidad Percy Boland, Hospital San Juan de Dios, Hospital del Niño Mario Ortiz, Hospital Japonés y 400 Camas – Caja Nacional de Salud (Tercer nivel) y Hospital los Pocitos, Hospital Pampa de la Isla y el Remanso (Segundo nivel), que sólo ofrecen servicios de emergencia, pero no de las otras especialidades médicas.    

La Defensoría del Pueblo demanda a las autoridades municipales y departamentales de Santa Cruz que generen un espacio de diálogo para atender las demandas del Consejo Departamental de Salud (CODESA) de esa región, que determinó un paro de actividades de 48 horas, y les recuerda que tienen la obligación de garantizar la prestación del servicio de salud, mucho más ahora que atravesamos la segunda ola de la COVID-19.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo reprocha que los médicos de Santa Cruz hayan llevado a cabo un paro de actividades, pues esta medida atenta en contra de la salud de la población, más aún en un periodo de pandemia por la COVID-19, y exhorta tanto a las instancias gubernamentales como al sector movilizado a buscar el diálogo como medida de entendimiento real, sincero, razonable y con medidas proporcionales, para evitar el conflicto que, en este caso, usa a la población como recurso de presión.

La Paz, 02 de febrero de 2021.- La Defensoría del Pueblo evidenció que las inspectorías laborales dependientes del Ministerio de Trabajo, redujeron hasta menos de la mitad su trabajo de inspección laboral y técnica, la cantidad de su personal contratado y la cantidad de denuncias recibidas, entre otras tareas, en el contexto de la pandemia por la COVID-19, razón por la cual demanda a esta instancia gubernativa reforzar las jefaturas departamentales regionales, instruir la realización de inspecciones e implementar medidas de bioseguridad para la atención al público, entre otros aspectos.

La Defensoría del Pueblo pondera la llegada al país del primer lote de 20.000 vacunas Sputnik V, adquiridas por el Gobierno Nacional directamente del Gobierno de Rusia, y saluda que las primeras dosis sean aplicadas al personal de salud que está en la primera línea de combate contra la pandemia de la COVID-19.

La Paz, 26 de enero de 2021.- La Defensoría del Pueblo detectó que los centros de atención para personas que viven con el VIH/sida (PVVs) no reúnen las condiciones necesarias de infraestructura ni de personal para atender a estos pacientes, debido a que el 77% de las infraestructuras visitadas no reúnen las características mínimas para este sector y porque el 86% de esos establecimientos carece de personal multidisciplinario requerido, según el informe defensorial “Evaluación de los servicios de tratamiento a las personas que viven con VIH/sida”.

La Defensoría del Pueblo exige al Estado, en sus instancias nacionales, departamentales y municipales, implementar con carácter de urgencia acciones de protección para los adultos mayores, debido al constante incremento de casos positivos de la COVID-19 en el país y porque más del 50% de los decesos, según datos a octubre de 2020, fueron de personas adultas mayores.