Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo censura que las autoridades nacionales, tanto judiciales, penitenciarias y sanitarias, no hayan activado los mecanismos suficientes para proteger de contagios de la COVID-19 a los adolescentes de los Centros de Reintegración Social (CRS) del  país, según el Informe Defensorial “Situación de las y los adolescentes en Centros de Reintegración Social en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19”.

La Defensoría del Pueblo demanda al Gobernador de La Paz, Féliz Patzi, que asuma medidas para garantizar una atención ininterrumpida en la Unidad de Oncología del Hospital de Clínicas, que actualmente enfrenta restricciones en el servicio debido a que su personal se encuentra con baja médica por COVID-19.

La Defensoría del Pueblo advierte que, durante la primera ola de la pandemia de la COVID-19, la respuesta estatal fue insuficiente e inoportuna, según el Informe Defensorial “Salud, derechos humanos y Covid-19 en Bolivia”, elaborado con información obtenida en 38 establecimientos de salud entre febrero y noviembre de 2019.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la protesta que se desarrolla en puertas de la administración departamental de la Caja Petrolera de Salud en la ciudad de Santa Cruz. Si bien se respeta el derecho a la protesta, las denuncias contra el personal de esta institución deben ser específicas y se debe identificar la conducta del servidor público que se considera transgresora de la normativa interna y de los reglamentos, y su tramitación se  debe canalizar a través de las vías que correspondan.

La Defensoría del Pueblo convoca al Tribunal Supremo Electoral y a las agrupaciones políticas a cumplir con las medidas de bioseguridad dispuestas por las autoridades nacionales durante todas las etapas del proceso electoral de las elecciones subnacionales que se avecinan, a fin de evitar una mayor propagación de la COVID-19. 

La Paz, 21 de diciembre de 2020.- La Defensoría del Pueblo y el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari firmaron un convenio interinstitucional para dar paso a la creación e implementación de la oficina del Defensor del Paciente en el Hospital San Francisco de Asís de trópico cochabambino.

La Defensoría del Pueblo, ante las declaraciones de diputados de Alianza Creemos, advierte en estas autoridades legislativas un total desconocimiento de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley N° 870, del Defensor del Pueblo, los estándares internacionales en materia de derechos humanos y  la Sentencia Constitucional Plurinacional del Tribunal Constitucional Plurinacional SCP 206/2014; asimismo, observa una errónea interpretación del contenido y de las determinaciones del Informe Defensorial “Situación de la Interrupción Legal del Embarazo como derecho Humano de las Mujeres”, por lo cual, manifiesta lo siguiente:

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ratificó la existencia de deficiencias y limitaciones en las oficinas departamentales y regionales del Instituto de Investigación Forense (IDIF) en el país, identificadas en las verificaciones realizadas a estas reparticiones a nivel nacional, situación que impide a las víctimas acceder a la justicia.

La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias en la infraestructura de los Centros de Vigilancia, Información y Referencia (CVIR), tanto departamental como regional, situación que no permite brindar una atención en condiciones de confidencialidad y privacidad, e insta a las autoridades de todos los niveles de Gobierno a aunar esfuerzos para garantizar el acceso a la salud.

La Delegación Defensorial de La Paz gestionó que una persona que quedó con daño neurológico irreversible a causa de la COVID-19, reciba un trato humanitario y que su familia reciba capacitación para asumir su cuidado cuando sea dado de alta del Hospital Materno Infantil.