Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, tras un seguimiento a la implementación de laboratorios para la realización de pruebas de COVID-19, observó que a más de dos meses del inicio de la emergencia sanitaria, el Gobierno aún no puso en funcionamiento estos ambientes en todos los departamentos del país, no obstante de contar con los equipos e insumos, lo cual es una afectación a la salud de la población boliviana, por lo que exigió, de manera inmediata, poner en funcionamiento estos centros y asegurar la dotación de insumos y reactivos necesarios y suficientes.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobernador del Beni, Fanor Amapo, declarar, de forma urgente e inmediata, “desastre o emergencia” en ese departamento y en consecuencia, solicite de forma diligente la asistencia del Gobierno central para la atención de las necesidades emergentes por la propagación del COVID-19 en esa región.

La Defensoría del Pueblo, a través de una verificación, identificó la vulneración de derechos de más de 1.600 personas adultas mayores que se encuentran en 28 centros de acogida, quienes enfrentan limitaciones para acceder a alimentos, medicamentos, atención interdisciplinaria y otras necesidades básicas, debido a que, por la cuarentena dispuesta por el Gobierno, se les dificulta el cobro de la Renta Dignidad, jubilación y el bono Canasta Familiar.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la población de Caranavi a deponer actitudes que atenten contra la integridad del personal de salud desplegado en esa población y demandó al Estado, a través del Ministerio de Salud, a otorgar garantías a esos trabajadores que fueron atacados y amenazados por pobladores de ese municipio, cuando guardaban una cuarentena preventiva por contacto con pacientes positivos de COVID-19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este jueves, presentó dos acciones de inconstitucionalidad abstracta, en contra de los decretos que viabilizan la introducción de semillas transgénicas en el país y restringen la libertad de expresión en cuanto a temas referidos a la pandemia del COVID-19, porque considera que son inconstitucionales, entre otras razones.

La Defensoría del Pueblo demandó al Estado la aplicación de medidas para garantizar la salud de los privados de libertad, así como acciones para descongestionar las cárceles del país, ante los riesgos de contagio del COVID-19 que enfrenta esta población vulnerable.

La Defensoría del Pueblo lamenta la violencia que se protagoniza en la víspera en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, donde grupos de personas salieron a las calles  e instalaron puntos de bloqueos para protestar por la ampliación de la cuarentena, la falta de pago de los bonos, incumplimiento en el descuento del pago de los servicios básicos, además de exigir que se realicen las elecciones generales.

La Defensoría del Pueblo investiga la posible vulneración de la estabilidad, continuidad e inamovilidad laboral, en plena crisis sanitaria, de aproximadamente 500 maestras y maestros de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros (ESFM) y en los Programas de Formación Complementaria para Actores del Sistema Educativo Plurinacional (PROFOCOM-SEP).

La Defensoría del Pueblo observa que a la fecha es incierta la posibilidad de contar con pruebas, accesibles, oportunas y suficientes, para identificar casos de COVID-19 en el país, no obstante que el Ministerio de Salud informó hace 76 días que existía un plan de preparación y respuesta para el control de esta enfermedad.

La Defensoría del Pueblo pidió, mediante notas remitidas a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, la adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasolina y diésel en trópico cochabambino, estableciendo periódicamente los volúmenes necesarios,  a fin de no afectar la producción agrícola y piscícola particularmente, además del consumo interno.