Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo coordina acciones con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  Pastoral Social Caritas Bolivia, la Plataforma Boliviana de Envejecimiento y la Asociación Nacional de Adultos Mayores de Bolivia (ANAMBO), para promover e implementar el trato preferente a las personas adultas mayores en las entidades de intermediación financiera.

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, declarar como ilegal la renuncia de la asambleísta departamental de Potosí, Miriam Vargas, porque la misma se dio en un contexto de acoso y violencia política, hostigamiento y presión en contra de esta persona y sus familiares.

Un total de 776 personas concluyeron de forma satisfactoria los seis cursos virtuales sobre derechos humanos que la Defensoría del Pueblo habilitó, a nivel nacional, durante los meses de marzo, abril y mayo, periodo que abarcó la cuarentena total que se dispuso en el país frente a la pandemia de la COVID-19.

La Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades judiciales liberar a Patricia Hermosa, ante la evidencia de que esta persona se encuentra con detención preventiva como resultado de una aprehensión ilegal y persecución política; quien, además, es objeto de violencia de género a través de declaraciones que buscan estigmatizarla afectando su dignidad. 

La Defensoría de Pueblo, este lunes, remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para normar situaciones que limitan derechos fundamentales en un Estado “sui generis” que vive el país como resultado de la emergencia sanitaria y la propagación de la pandemia COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo pidió a la Fiscalía Departamental de Beni iniciar una acción penal por actos de tortura cometidos por efectivos militares de la Fuerza Naval de San Ignacio de Moxos, en contra de tres personas que fueron detenidas en mayo pasado, supuestamente, por infringir la cuarentena, hechos que fueron investigados por la Delegación Defensorial de Beni tras conocer las denuncias.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó preocupación por la decisión del Gobierno de eliminar los ministerios de Culturas, Deportes y Comunicación, porque ahondaría la desatención de sectores fundamentales para el Estado, como son los gestores culturales y los deportistas.

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno central y a las entidades territoriales autónomas a activar acciones integrales y urgentes para la protección de los pueblos indígenas frente a la pandemia de la COVID-19, ante el riesgo de extinción física y cultural de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad como el pueblo Yuqui, que en una muestra de siete personas, se detectó cuatro positivos y tres en espera de sus resultados.

La Defensoría del Pueblo recordó a las autoridades del Gobierno que tienen la obligación constitucional de resguardar la privacidad, intimidad y dignidad de todos los pacientes enfermos de COVID-19 y les solicitó se abstengan de emitir criterios reñidos con el ordenamiento jurídico nacional.

La Defensoría del Pueblo lamentó el alejamiento forzado del periodista Junior Arias de la actividad periodística en la Red Gigavisión, producto de las amenazas y amedrentamientos recibidas por parte del Gobierno, a fin de precautelar la seguridad de su familia que sería objeto de seguimiento policial.