Gestor de Notas de Prensa

Sucre.- La empresa de cerámica ELVIA y la Fábrica Nacional de Cemento (FANCESA), este miércoles, entregaron material de construcción para el mejoramiento de la infraestructura de la carceleta de Tarabuco. Esta ayuda se dio gracias a las gestiones realizadas por la Delegación Defensorial de Chuquisaca.

Sucre.- La Defensoría del Pueblo y el Servicio Departamental de Salud (SEDES), este miércoles, suscribieron un convenio interinstitucional para dar continuidad y fortalecer el funcionamiento de los Servicios de Orientación, Apoyo al Usuario y del Defensor del Paciente en hospitales públicos del departamento de Chuquisaca.

Sucre.- Cuatro medios de comunicación de Sucre, en el marco del rol social que rige su labor, la tarde de este miércoles suscribieron convenios interinstitucionales con la Defensoría del Pueblo para desarrollar actividades conjuntas en la promoción y difusión de los derechos humanos.

Con la promulgación de la Ley N° 807 de Identidad de Género, el 21 de mayo de 2016, Bolivia no sólo demostró su vocación de respeto y ser garante de los derechos de toda la población sin discriminación y en igualdad de condiciones, también dio un paso histórico para la población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTI), al establecer por primera vez en su historia, el procedimiento para el cambio de nombre propio, dato de sexo e imagen de personas transexuales y transgénero, en toda documentación pública y privada vinculada a su identidad, permitiéndoles ejercer de forma plena su derecho a la identidad de género.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este martes, participó de la inauguración del VIII Congreso Nacional Extraordinario de la Federación Nacional de Ciegos de Bolivia (FENACIEBO) y anunció una investigación sobre la accesibilidad para personas con discapacidad física-motora y visual en universidades públicas del país, a fin de conocer si éstas otorgan condiciones necesarias para posibilitar la formación profesional de esta población.

La Defensoría del Pueblo y la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), a fin de prevenir la violencia y acoso político, coordinan acciones para mejorar la implementación de la Ley 243 que norma y sanciona estos delitos; en esa línea,  el jueves 16, organizaron un taller de capacitación dirigido al personal de instituciones que trabajan en esta temática, a fin de reforzar sus conocimientos e identificar las dificultades que impiden una eficiente aplicación de la normativa.

Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que incluyó de manera expresa en su Constitución, la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, prohibición que además fue desarrollada en la Ley N° 045, contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, la cual define a la homofobia como toda aversión,  odio,  prejuicio  o discriminación  contra personas que integran a la diversidad sexual y a la transfobia como la  discriminación  hacia  la  transexualidad  y  las personas transexuales o transgénero, basada en su identidad de género.

La Defensoría del Pueblo, dentro del seguimiento al cumplimiento a recomendaciones contenidas en el “Informe Defensorial: Estado de Cumplimiento de las Medidas de Atención y Protección a Mujeres en Situación de Violencia en el Marco de la Ley 348”, logró el compromiso de la Universidad Amazónica de Pando (UAP), para la apertura de un centro especializado para la atención a víctimas de violencia.

La Defensoría del Pueblo elaboró la Guía Terminológica Inclusiva con Enfoque de Derechos Humanos para promocionar el uso adecuado del léxico que hace referencia a poblaciones en situación de vulnerabilidad. El documento fue presentado por la Delegación Defensorial de Chuquisaca, en la víspera, a organizaciones de estas poblaciones en ese departamento, para validar su contenido.

La Delegación Defensorial de Chuquisaca, este jueves, socializó el contenido y alcances del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo de Escazu”, con representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, INRA, gobiernos municipales de Sucre, Las Carreras, Yamparaez y Poroma, y organizaciones sociales.