Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las masacres de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto poselectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.

La Defensoría del Pueblo inició, en Cobija-Pando, la socialización de una propuesta de paquete normativo, elaborado por esta institución, que tiene la finalidad de coadyuvar a los gobiernos autónomos municipales (GAM) y departamentales (GAD) a que incluyan en su reglamentación interna procedimientos administrativos para la denuncia y sanción de faltas de acoso y violencia política hacia las mujeres. 

La Defensoría del Pueblo, a un año de la masacre de Sacaba donde, como resultado de un operativo conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas, 10 personas murieron por impacto de bala, denunció que estas muertes permanezcan en la impunidad y que las investigaciones no avancen debido a los obstáculos colocados por estas  instituciones que se niegan a brindar información sobre esos hechos.

La Defensoría del Pueblo, en coordinación con la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), convoca a la primera versión del curso virtual Gestión de Conflictos desde los Derechos Humanos, orientado a servidores públicos de los diferentes municipios del país.

La Defensoría del Pueblo, ante declaraciones que circulan en redes sociales, sobre un supuesto reconocimiento formal y respaldo institucional a agrupaciones de víctimas del conflicto poselectoral de 2019, aclara que: 

La Defensoría del Pueblo condena los actos de violencia suscitados en torno al control del mercado legal de la coca, Adepcoca, en la zona de Villa Fátima, donde dos grupos, uno encabezado por Franklin Gutiérrez y el otro liderado por Elena Flores pugnan por la administración de ese centro y exhorta a las partes a que resuelvan sus diferencias en la mesa del diálogo. 

La Defensoría del Pueblo condena los ataques que sufrieron anoche periodistas de la ciudad de Cochabamba, cuando hacían la cobertura informativa de los bloqueos que protagonizaban vecinos y miembros de la Resistencia Juvenil Cochala, y recuerda que la Constitución Política del Estado y las convenciones internacionales protegen el trabajo de la prensa y la libertad de expresión.

La Defensoría del Pueblo lamenta el incidente registrado la noche del jueves 5 de noviembre, en inmediaciones de la casa de campaña del MAS ubicada en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz, donde constató la detonación de artefactos explosivos, lo cual podría constituirse en un atentado.

La Delegación Defensorial de La Paz gestionó que una persona que quedó con daño neurológico irreversible a causa de la COVID-19, reciba un trato humanitario y que su familia reciba capacitación para asumir su cuidado cuando sea dado de alta del Hospital Materno Infantil.

La Defensoría del Pueblo condenó la toma de instituciones públicas en Santa Cruz y cuestionó la permisibilidad de la Policía Boliviana y del Ministerio Público frente a estos hechos, que se suman a otros de carácter violento que desde el 21 de octubre se registran en distintos puntos del país en desconocimiento a los resultados de las elecciones del 18 de octubre.