Gestor de Notas de Prensa

Las personas que se encuentran varadas en distintos puntos del país como efecto de la declaratoria de la cuarentena ante la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 podrán retornar a sus hogares, por razones de urgencia y pertinencia, según dispuso un fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en respuesta a una acción de libertad presentada por la Defensoría del Pueblo.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo luego de evidenciar que los bolivianos que ingresaron a Pisiga por la frontera con Chile se encuentran en condiciones difíciles, situación que pone en cuestión la vigencia de sus derechos humanos, y ante la disconformidad de los afectados, pide a las gobernaciones departamentales considerar el traslado de las personas que tienen como destino final esos departamentos. 

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

En los últimos días se ha difundido información descontextualizada originada en una noticia titulada: “Defensora dice que en septiembre de 2019 Bolivia sabía que el Covid 19 llegaría”. Se aclara a la población que NO se realizó tal afirmación y que la nota de referencia tomó solo un fragmento de una entrevista concedida al programa Estudio Abierto de ATB. En dicho punto, se hace referencia a la pandemia en general y no a la del coronavirus COVID-19 en particular. 

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado activar acciones de prevención y protección para las naciones y pueblos indígena orginarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.

La Defensoría del Pueblo, dentro de su objetivo de prevenir la vulneración de derechos, impulsa procesos de aprendizaje para sensibilizar en temas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres o el promover la adopción para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento a vivir en familia.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo evidenció desorden, confusión y el riesgo de contagio del COVID-19 para las personas adultas mayores, en el primer día de pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, ante la falta de información precisa, largas filas en entidades financieras, exigencia de otros requisitos a los establecidos, entre otros; por lo que pidió al Gobierno medidas correctivas para garantizar la protección e información precisa y oportuna para esta población.