Gestor de Notas de Prensa

Personal de las 18 oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, hará seguimiento al desarrollo de las elecciones generales del próximo 20 de octubre, a través de un monitoreo que permitirá identificar eventuales hechos de conflictividad e intervenir para evitar que se vulneren derechos humanos y que este importante acto democrático se desarrolle con normalidad.

La Defensoría del Pueblo, ante la difusión de imágenes de cuerpos de víctimas de los infaustos hechos de octubre de 2003, en vallas publicitarias y gigantografías colocadas en varios puntos de la ciudad de El Alto, sin ningún tipo de respeto a la dignidad e imagen personal de ellas y sus familiares, y sin considerar que este tipo de material está expuesto públicamente a la vista de niños, niñas y adolescentes, y cuanto transeúnte recorra las vías donde están expuestas, expresa su rechazo enérgico y condena el uso insensible y con fines políticos de las mismas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

Han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos entre policías y militares.

La Defensoría del Pueblo, este 15 de octubre, cuando se conmemora el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, establecido según Decreto Supremo 27837, de 12 de noviembre de 2004, llama a reflexionar sobre la situación de esta población que se encuentra en desventaja frente a su entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas; entendiendo que la discapacidad emerge, principalmente, de las diversas barreras que le afectan, como son las arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales y otras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

La Defensoría del Pueblo llama a la población boliviana a fortalecer las formas de convivencia pacífica y de respeto en el ámbito de las diferencias de pensamiento e ideología política.

Los centros penitenciarios Mocoví y el Centro de Rehabilitación “Mujeres” en Trinidad y la Carceleta Pública de Riberalta, se sumaron al programa “Libros por Rejas” que promueve la Defensoría del Pueblo y que busca, a través de la lectura, fortalecer los procesos de reinserción y readaptación y permita a las y los privados de libertad a beneficiarse con la condonación de sus penas y de esa manera, incidir en la disminución de los niveles de hacinamiento carcelario.

Una denuncia de trata y tráfico de personas con fines de explotación laboral a una adolescente de 16 años, quien hace siete años habría sido traslada hacia la ciudad de Lima en Perú, de donde habría escapado hasta esa población fronteriza, es el primer caso registrado por la recién creada Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Desaguadero.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, la tarde de este jueves, expuso ante la Comisión Mixta que investiga la retardación en casos de feminicidio, al menos 16 obstáculos identificados por la institución que dificultan el acceso a la justicia en casos relacionados con este delito.

Ante el caso de una ciudadana boliviana que vivía en Pakistán y durante años fue víctima de violencia física y psicológica junto a sus tres hijos, la Defensoría del Pueblo inició gestiones para la protección de esta familia, tras su llegada a Bolivia hace dos días, huyendo de ese país ubicado al sur de Asia.