Gestor de Notas de Prensa

Cobija.- La Policía Boliviana, cumpliendo las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, incluidas en su informe “Seguridad Vial como garantía del Derecho a la Vida”, esta semana dio inicio a la implementación del Sistema de Control de Terminales (SICOTER), sistema informático que permitirá modernizar y agilizar la verificación de la documentación de los motorizados que operan en la Terminal de Buses de Cobija y de las personas que viajan al interior del país y, además, poder identificar posibles casos de traslados irregulares de niñas, niños y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, este lunes, clausuró el primer curso virtual sobre trata y tráfico de personas, con la entrega de certificados de participación a 75 personas que cumplieron con todos los trabajos y evaluaciones programadas para cada módulo y obtuvieron una calificación de aprobación.

La Delegación Defensorial de La Paz posibilitó que una mujer de 50 años, de iniciales J.M.G., pueda salir del Hospital Nuestra Señora de La Paz, donde se encontraba retenida durante 20 días por una deuda pendiente por la atención médica en ese nosocomio, situación que se constituye en la vulneración de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo presentó denuncia formal contra la responsable del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) y Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del municipio paceño de Sapahaqui, de iniciales N.G.Z., quién de acuerdo a los indicios hallados por esta institución, habría incurrido en cinco delitos al no actuar según normativa, en el caso de una mujer con discapacidad auditiva que quedó embarazada tras ser víctima de una violación, y de su hija, una adolescente de 15 años, que habría sufrido abuso sexual por el mismo agresor de la madre.

La Defensoría del Pueblo hoy lanzó una campaña de sensibilización para prevenir la trata y tráfico de personas dirigida a choferes del transporte público urbano, interdepartamental e interprovincial para que éstos tomen conciencia de que el servicio que prestan se constituye en parte de la cadena delictiva al momento de transportar a posibles víctimas de este delito al interior y exterior del territorio nacional.

Con la entrega de lotes de libros a los recintos penitenciarios de San Pedro y el Centro de Orientación Femenina de Miraflores, la Defensoría del Pueblo dio inicio al programa piloto “Libros por Rejas” que busca fortalecer los procesos de reinserción y readaptación social dirigidos a personas privadas de libertad a través de la incorporación de la lectura como una alternativa para la redención de penas, previa modificación de la Ley de Ejecución Penal.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) sienta precedente con un fallo emitido, dentro de una acción de amparo constitucional que interpuso la Defensoría del Pueblo contra la Policía Boliviana, que dispone que mujeres policías que se encuentren embarazadas deben ser excluidas de las órdenes de cambio de destino y gozar del derecho a la inamovilidad laboral por su condición, lo que implica que no pueden ser cambiadas de su puesto de trabajo o deben ser destinadas al lugar donde se encuentre su familia y donde sea su domicilio habitual.

Un convenio de cooperación interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el Ministerio Público de Argentina permitirá desarrollar e implementar acciones conjuntas para promover el acceso a la justicia y proteger los derechos de los connacionales de ambos países que residen en los mismos, además de colaboración mutua que contribuyan al cumplimiento de sus funciones y objetivos.

La Defensoría del Pueblo lamenta y condena los últimos hechos de violencia registrados en el marco de la etapa preelectoral que vive el país; considera inaceptable todo acto de violencia que pone de manifiesto la intolerancia, actitudes de racismo y discriminación que aún persisten entre bolivianos y bolivianas, actitudes que no se pueden permitir porque son vulneradoras de derechos humanos.

Los resultados preliminares de las intervenciones realizadas por la Defensoría de Pueblo en municipios rurales del país, en el marco del “Plan 175 al Encuentro con el Pueblo”, para verificar la capacidad institucional y las acciones que se desarrollan en la lucha contra la violencia, muestran que sólo un 8% de 110 gobiernos municipales desarrollan planes sistemáticos para atender esta problemática, no obstante que el 64% de ellos contemplan en sus planes operativos anuales (POA) acciones sobre esta problemática que afecta, principalmente, a mujeres, niñez y adolescencia, personas adultas mayores y con discapacidad, pero no con un objetivo articulado y de impacto.