La Paz, abril 17 (UCOM/DPB). – Tras conocerse la situación de conductores de cisternas bolivianas en el municipio de San Antonio, en el departamento Central de Paraguay, las cuales están a la espera de cargar combustible desde hace días atrás, la Defensoría del Pueblo, reiteró Requerimientos de Informe Escrito (RIE) a la Cancillería del Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para conocer las acciones encaradas por ambas instituciones del Estado ante esta problemática.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento del comunicado TA 007/2025 emitido por el Tribunal Agroambiental en fecha 16 de abril de 2025, que alerta sobre la situación de vulnerabilidad que enfrentan las juezas, jueces y magistrados en la Jurisdicción Agroambiental debido a “escenarios de creciente presión e injerencias de todo tipo debido a la judicialización de conflictos socioambientales que pueden comprometer la independencia de sus decisiones”.

El Estado Plurinacional de Bolivia se declaró como un Estado laico tras la promulgación de la Constitución Política el año 2009. De manera específica, el artículo 4 de la Constitución boliviana determina que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y que, el Estado es independiente de la religión. Así también, a través del numeral 3 del artículo 21 se reconoce que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

La Paz, abril 16 (UCOM/DPB). - Con el objetivo de impulsar iniciativas, planes y programas conjuntos dirigidos a niñas, niños y adolescentes en riesgo de perder el cuidado parental o que ya lo han perdido, la Defensoría del Pueblo y Aldeas Infantiles SOS Bolivia, suscribieron un convenio interinstitucional que permitirá establecer un marco de cooperación y coordinación para fortalecer las instancias del sistema de protección y articulará el trabajo con actores estatales y de la sociedad civil.