Gestor de Notas de Prensa

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ponderó la promulgación del Decreto Supremo  4288 que autoriza, de manera excepcional y temporal, la ampliación de la vigencia de los carnets de discapacidad grave y muy grave que se encuentren vencidos, a fin de garantizar que puedan cobrar el bono mensual que beneficia a esta población.

La Defensoría del Pueblo presentó una propuesta de Decreto Supremo para ampliar la vigencia del carnet de discapacidad de personas con discapacidad grave y muy grave, quienes no pueden renovar ese documento por la suspensión de los servicios de calificación por la situación de emergencia sanitaria en el país, quedando imposibilitados para cobrar su bono mensual de 250 bolivianos. Asimismo, con nota oficial, solicitó al Ministerio de la Presidencia que gestione por vía rápida dicha propuesta, remitida el pasado 9 de junio.

La Defensoría del Pueblo, formalmente, pidió al Gobierno brinde asistencia jurídica y administrativa para tres ciudadanos bolivianos con discapacidad auditiva que fueron detenidos en Brasil, aparentemente, por vulnerar las restricciones de salud producto de su condición.

La Defensoría del Pueblo habilitó dos nuevos cursos virtuales: “Derechos Humanos para Servidores Públicos” y “Derechos Humanos y Función Penitenciaria”, dirigidos, exclusivamente, a servidores públicos y personal de régimen penitenciario a nivel nacional. Se podrán registrar ingresando al Aula Virtual de la página web de la institución www.defensoria.gob.bo, a partir de este 26 hasta el 30 de abril o hasta cumplir los cupos establecidos.

Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota oficial dirigida a la Presidente transitoria, Jeanine Áñez, este martes, le pidió adoptar medidas pertinentes para salvaguardar la integridad de las personas con diferentes tipos de discapacidad (visual, auditiva, intelectual, mental o psíquica, física-motora y múltiple), a través de dotación de productos alimenticios o asistencia económica y productos de limpieza y sanitizadores.

La Defensoría del Pueblo exhorta al Gobierno Nacional a adoptar medidas específicas de protección y prevención en favor de los grupos vulnerables de la sociedad, como personas en situación de calle, adultos mayores y niños y adolescentes concentrados en centros de acogida, pacientes con cáncer y enfermedades crónicas  y personas privadas de libertad, debido a que precisan una especial y urgente atención ante la emergencia derivada por la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, el pasado viernes, presentó una propuesta normativa para sancionar a instituciones públicas y empresas privadas que incumplan con la inserción laboral de personas con discapacidad o de padres, madres, cónyuges o tutores a cargo de esta población menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, a través de multas económicas de un 20% del salario a las máximas autoridades públicas y 10 salarios mínimos nacionales en el sector privado. 

 La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su repudio por las agresiones físicas de las que fue víctima una persona con discapacidad psíquica-mental, de iniciales R.R.LL., por parte de un grupo de manifestantes que participaron de la movilización del pasado 24 de octubre, en el municipio cruceño La Guardia y que derivó en enfrentamientos entre quienes rechazan los resultados de las recientes elecciones generales y quienes los defienden.

La Defensoría del Pueblo, este 15 de octubre, cuando se conmemora el “Día Nacional de las Personas con Discapacidad”, establecido según Decreto Supremo 27837, de 12 de noviembre de 2004, llama a reflexionar sobre la situación de esta población que se encuentra en desventaja frente a su entorno que evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás personas; entendiendo que la discapacidad emerge, principalmente, de las diversas barreras que le afectan, como son las arquitectónicas, actitudinales, comunicacionales y otras que impiden el pleno ejercicio de sus derechos.

La Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Evaluación y Análisis del Proceso de Calificación de Discapacidad, de la que la Defensoría del Pueblo es Secretaría Técnica, consensuó y aprobó una propuesta de Decreto Supremo para reducir al mínimo el plazo para la obtención del carnet de discapacidad y la ampliación del tiempo de vigencia de este documento.