Gestor de Notas de Prensa

La oficina defensorial en Yacuiba posibilitó, el pasado 15 de abril, que una adolescente de 16 años pueda recibir atención médica en el Hospital Rubén Zelaya de ese municipio, donde se procedió, en cumplimiento de la Sentencia Constitucional  206/2014, a la interrupción legal del embarazo que llevaba desde hace 15 semanas producto de una violación sexual.

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de cerrar las agencias bancarias en varias regiones del Chapare, afirmó que esta medida afectará en el pago del Bono Familia y Canasta Familiar, otorgados por el Estado por la situación de emergencia sanitaria y cuarentena que vive el país, por lo que pidió garantizar de forma igualitaria la cancelación de éstos bonos a los beneficiarios que habitan estas localidades.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.

La Defensoría del Pueblo, dentro de su objetivo de prevenir la vulneración de derechos, impulsa procesos de aprendizaje para sensibilizar en temas como la lucha contra la violencia hacia las mujeres o el promover la adopción para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes en situación de acogimiento a vivir en familia.

La Defensoría del Pueblo evidenció desorden, confusión y el riesgo de contagio del COVID-19 para las personas adultas mayores, en el primer día de pago de la Canasta Familiar de 400 bolivianos, ante la falta de información precisa, largas filas en entidades financieras, exigencia de otros requisitos a los establecidos, entre otros; por lo que pidió al Gobierno medidas correctivas para garantizar la protección e información precisa y oportuna para esta población.