Gestor de Notas de Prensa

El Estado Plurinacional de Bolivia se declaró como un Estado laico tras la promulgación de la Constitución Política el año 2009. De manera específica, el artículo 4 de la Constitución boliviana determina que el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones y que, el Estado es independiente de la religión. Así también, a través del numeral 3 del artículo 21 se reconoce que las bolivianas y bolivianos tienen derecho a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, expresados en forma individual o colectiva, tanto en público como en privado, con fines lícitos.

A través de redes sociales y medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de un hecho violento con el uso de arma de fuego que provocó la muerte de un joven del Trópico de Cochabamba, identificado como J.C., la madrugada del 26 de marzo, en el que estarían involucrados efectivos policiales según las declaraciones del viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, señalando que los mismos, habrían actuado en defensa propia en medio de un operativo policial. 

Los recientes casos de feminicidio y tentativa de feminicidio en el país han vuelto a evidenciar la extrema violencia que sufren las mujeres y sus graves consecuencias en el entorno familiar, particularmente en la vida de niñas, niños y adolescentes (NNAs) que quedan en situación de orfandad. Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo subraya la necesidad de que el tratamiento informativo de estos hechos se realice con responsabilidad, evitando la revictimización y la exposición indebida de las víctimas.

La Defensoría del Pueblo dentro sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de la normativa vigente tiene la obligación de proteger los derechos humanos y de la Madre Tierra, al igual que cualquier otro derecho.

La Defensoría del Pueblo realiza el monitoreo de la situación de conflictividad que atraviesa el país como efecto de la crisis económica por la escasez de dólares y desabastecimiento de combustibles que ha provocado el alza de precios de alimentos de la canasta familiar, así como el encarecimiento de otros insumos como medicamentos y otros.

La crisis económica y política que atraviesa el país, marcada por la escasez de gasolina, diésel y dólares ha repercutido de manera negativa en la economía de las y los bolivianos durante los últimos meses, generando malestar en diferentes sectores sociales, productivos, agrícolas, empresariales, así como de la población boliviana en general.

A través de medios de comunicación, la Defensoría del Pueblo, tomó conocimiento del caso del adolescente de 16 años identificado como C.C.D.D, que fue sentenciado a seis (6) años de prisión en aplicación del Código Niño, Niña Adolescente (CNNA), por los delitos de violación y asesinato de su hijastra.

La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante los recientes accidentes de tránsito ocurridos en Potosí (Bolivia) que han cobrado vidas y dejado a muchas personas heridas. La seguridad vial es un derecho fundamental que el Estado debe garantizar mediante la adopción de medidas efectivas para proteger la integridad, la salud y el derecho a la vida de todas las personas.

La Constitución Política del Estado (CPE), a través de su artículo 38.II, consagra el derecho a la prestación ininterrumpida de los servicios de salud. En este contexto, la Defensoría del Pueblo manifiesta su grave preocupación ante las reiteradas medidas de protesta (paros laborales) llevadas a cabo por los trabajadores del sector salud en el departamento de Santa Cruz, las cuales han ocurrido en siete ocasiones entre enero y febrero del presente año. Dichas acciones, motivadas principalmente por el incumplimiento en el pago de salarios, afectan el derecho de acceso a la salud de la población cruceña.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la vulneración de derechos humanos y dignidad de ocho soldados del Regimiento de Infantería 29 "Capitán Echeverría", ubicada en la comunidad de Casarabe del departamento de Beni. Padres de los soldados agredidos física y psicológicamente interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para dar con los responsables de las vejaciones a sus hijos, hechos que además estarían ligados a cobros económicos irregulares.