Gestor de Notas de Prensa

La libertad de expresión es un derecho fundamental, reconocido tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales suscritos por Bolivia. En ese marco, la Defensoría del Pueblo condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos movilizados contra tres periodistas de Cadena A (Oruro), SEO TV y Wara Tv mientras realizaban la cobertura informativa del recorrido de marchistas a la ciudad de La Paz y durante los enfrentamientos suscitados la tarde del pasado martes 17 de septiembre del año en curso. Asimismo, de tres trabajadores de la prensa de Bolivia Tv durante la presente jornada que relatan haber sufrido la obstaculización de su trabajo de prensa, así como agresiones físicas y psicológicas. 

El informe "Cohesión social: el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo de la presente gestión, refiere en su acápite Deterioro del debate público, liderazgos públicos y su impacto en la conflictividad social, que discursos de personas con liderazgo social, funcionarios públicos y con liderazgos políticos, contribuyeron a generar un entorno general adverso a la participación ciudadana y al ambiente de diálogo, respecto a diferentes escenarios de conflictividad y situación de los derechos humanos en el país desde 2006.

Una de las funciones institucionales de la Defensoría del Pueblo, en el marco de sus atribuciones, es la de impulsar la acción sensible al conflicto y la gestión pacífica de la conflictividad en instituciones del Estado y actores de la sociedad, desde el enfoque de derechos humanos y la cultura de diálogo y paz. En ese marco, las acciones defensoriales son constantes y permanentes en sus veintiún oficinas a nivel nacional en contacto directo con diferentes sectores y actores sociales, siempre en busca de facilitar el diálogo y prevención de situaciones de conflictividad. 

La Defensoría del Pueblo, comprometida con los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como la promoción y protección de los derechos de la Madre Tierra, interpuso en la gestión 2023 la Acción Popular que dejó sin efecto la convocatoria a la consulta previa de la AJAM y por primera vez la autoridad jurisdiccional reconoció como sujeto de derechos al Río Beni. 

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de las declaraciones que se habrían vertido en el “Taller Ejercicio de Derechos Políticos de Candidatas/os, Electas/os, Designadas/os y/o en ejercicio de funciones político públicas” organizado por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Cochabamba el día 29 de mayo de la gestión en curso.

La Defensoría del Pueblo manifiesta su profunda preocupación, por el amedrentamiento del que habrían sido objeto los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia del departamento de Santa Cruz, ocasionado por un grupo de miembros de la Policía, uniformados y vestidos de civil, que se encontraban al ingreso de la sala de audiencias el pasado 22 de mayo.

Al conmemorarse hoy, 24 de mayo el Día Nacional contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, establecida mediante la Ley 139, la Defensoría del Pueblo convoca, a las autoridades del Estado y la sociedad en general, a reflexionar sobre los desafíos actuales en la lucha contra todas las formas de racismo y discriminación, que, pese a los avances normativos, las prácticas racistas y discriminatorias aún subsisten, perpetuando la exclusión y la desigualdad, amenazando así la cohesión social del país. 

La Defensoría del Pueblo expresa su alta preocupación por la crisis de gobernabilidad en el Honorable Concejo Municipal de Sacaba del departamento de Cochabamba, que emergió a inicios de este mes, debido a la elección de una nueva directiva municipal y exigencias de alternancia por parte de algunos legisladores.

La libertad de expresión, desde la creación del país, se ha constituido en la razón de ser de la labor de las y los periodistas, y de la misma forma, este derecho se vincula con muchos otros, hoy reconocidos por la Constitución Política del Estado.

En el marco de sus atribuciones, la Defensoría del Pueblo recuerda que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 15, establece que toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, y que nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes.