Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo, este jueves, comenzó con la entrega de ayuda solidaria, víveres principalmente, a personas con VIH y trabajadores de circo en la Ciudad de Cochabamba, y a aproximadamente 300 familias del pueblo Yuqui que habitan en el Chapare y enfrentan carencias por la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 y no serán beneficiados con los bonos que el Gobierno decretó como un paliativo para este periodo.

La Defensoría del Pueblo intervino en el caso de dos turistas que denunciaron ser víctimas de violencia sexual en la localidad de Uyuni, y gestionó acciones de contención y protección para ambas; además de hacer seguimiento a las diligencias por parte del Ministerio Público en la investigación penal.

En los últimos días se ha difundido información descontextualizada originada en una noticia titulada: “Defensora dice que en septiembre de 2019 Bolivia sabía que el Covid 19 llegaría”. Se aclara a la población que NO se realizó tal afirmación y que la nota de referencia tomó solo un fragmento de una entrevista concedida al programa Estudio Abierto de ATB. En dicho punto, se hace referencia a la pandemia en general y no a la del coronavirus COVID-19 en particular. 

La Defensoría del Pueblo demandó a todos los niveles del Estado activar acciones de prevención y protección para las naciones y pueblos indígena orginarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento y no contactados, frente a los riesgos que conlleva la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno mejorar y ampliar el alcance del Bono Familia y el pago de la Canasta Familiar para beneficiar a grupos en situación de vulnerabilidad que no fueron considerados, como los estudiantes de centros de educación especial y de nivel secundario, personas con discapacidad  leve y moderada y jubilados con una renta reducida, en el marco del principio de no discriminación e igualdad.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, en una nota formal remitida a la Canciller, Karen Longaric,  pidió que, en tanto se gestione el traslado al país de los ciudadanos bolivianos varados en Brasil, se pueda coordinar con las carteras de Estado que correspondan y las representaciones consulares más cercanas, para brindar atención a las necesidades de aquellos ciudadanos, tales como alimentación, asistencia médica, hospedaje y otros de primera necesidad.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Director General de Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI), que disponga el uso de inmuebles para albergar a los bolivianos que se encuentran en los nueve departamentos del país, así como los del exterior, como quienes se hallan varados en Huara, Chile, como efecto de las disposiciones gubernamentales para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19. 

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidente del Estado, Jeanine Áñez, la emisión de un Decreto Presidencial de Indulto extraordinario para reducir el hacinamiento penitenciario ante el peligro de contagio y propagación masiva del COVID-19 en recintos carcelarios; en otra nota al Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió declarar estado de emergencia penitenciaria.

La Defensoría del Pueblo identificó vulneraciones a la continuidad del tratamiento del paciente Richard S. K., ejecutivo de la empresa AXS, quien falleció cerca a la medianoche del domingo 29, cuando era trasladado al Hospital del Norte en El Alto, con un diagnóstico positivo para el coronavirus COVID-19, y anunció una investigación de oficio sobre este hecho ante las varias interrogantes que existen.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, demandó al Estado el establecimiento de un reglamento de procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de coronavirus COVID-19, dado que existe una confusión de protocolos y rutas de atención; y solicitó una subvención de gastos funerarios para personas de bajos recursos económicos.