Gestor de Notas de Prensa

 La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, expresó su repudio por las agresiones físicas de las que fue víctima una persona con discapacidad psíquica-mental, de iniciales R.R.LL., por parte de un grupo de manifestantes que participaron de la movilización del pasado 24 de octubre, en el municipio cruceño La Guardia y que derivó en enfrentamientos entre quienes rechazan los resultados de las recientes elecciones generales y quienes los defienden.

 Potosí.- La Defensoría del Pueblo, a través de su oficina en Potosí, inicio una investigación tras conocer de la presencia de niñas y niños de un kindergarten en una caminata en la que pedían paz y tranquilidad, ya que se estaría infringiendo la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente que prohíbe la “utilización de la niña, niño o adolescente, como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como la instigación a participar en cualquier tipo de medidas de hecho”.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, este viernes en conferencia de prensa, manifestó que la auditoria al proceso electoral que llevará adelante la Organización de Estados Americanos (OEA) a solicitud del Estado boliviano, debe realizarse cumpliendo los principios reconocidos en la Carta de Organización de ese organismo internacional, establecidos en el Articulo 3, inciso a y b; “Respeto a la Soberanía, Independencia" y ”Libertad de Elección del Sistema interno y de No Intervención de otro Estado” a fin de coadyuvar en la resolución de la situación de conflicto que vive el país.

      Pronunciamiento de la Defensora del Pueblo

Tras conocer que el ciudadano boliviano Edgar Villegas, quien denunció un supuesto fraude en las elecciones del 20 de octubre en una entrevista televisiva, habría recurrido a la Embajada Británica para refugiarse porque estaría siendo víctima de persecución por parte de agentes de inteligencia, según difundió un medio de comunicación, personal defensorial tomó contacto con la cónsul Británica en Bolivia, Jill Benton, quien indicó que la información sería falsa, lo cual fue confirmado por el embajador de su país, Jeff Glekin.

La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación ante hechos de violencia protagonizados en las últimas horas en distintos puntos del país, donde se han afectado predios e instalaciones de Tribunales Departamentales Electorales, en los cuales se han registrado incendios e intentos de toma de esas oficinas, como una forma de protesta hacia los primeros resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre. 

La Defensoría del Pueblo destaca la vocación democrática del pueblo boliviano que este 20 de octubre asistió a las urnas para emitir su voto y elegir a las autoridades nacionales; y la tranquilidad en la que se desarrolló este acto electoral, en el que primó una alta participación ciudadana y en el que se vivieron momentos de alta expectativa con incidentes habituales que fueron subsanados o resueltos en los mismos recintos electorales, en unos casos por las vías correspondientes y normativa en vigencia, y en otros con la intervención de la institución defensorial.

Personal de las 18 oficinas de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, hará seguimiento al desarrollo de las elecciones generales del próximo 20 de octubre, a través de un monitoreo que permitirá identificar eventuales hechos de conflictividad e intervenir para evitar que se vulneren derechos humanos y que este importante acto democrático se desarrolle con normalidad.

La Defensoría del Pueblo, ante la difusión de imágenes de cuerpos de víctimas de los infaustos hechos de octubre de 2003, en vallas publicitarias y gigantografías colocadas en varios puntos de la ciudad de El Alto, sin ningún tipo de respeto a la dignidad e imagen personal de ellas y sus familiares, y sin considerar que este tipo de material está expuesto públicamente a la vista de niños, niñas y adolescentes, y cuanto transeúnte recorra las vías donde están expuestas, expresa su rechazo enérgico y condena el uso insensible y con fines políticos de las mismas.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo en favor de la Defensoría del Pueblo, y le concedió la solicitud planteada en la acción de amparo constitucional que interpuso contra el colegio Boliviano Alemán “Ave María” por la vulneración del derecho a la educación y actos discriminatorios cometidos por esta unidad educativa en contra de un grupo de estudiantes por el hecho de que sus progenitores no acataron un incremento ilegal en las pensiones escolares para 2019.

Han pasado 16 años de los hechos luctuosos que quedaron en la historia de Bolivia como el denominado “Octubre Negro”, una revuelta social en la que miles de personas de las ciudades de La Paz y El Alto se movilizaron en contra de las intenciones de exportar gas a Estados Unidos a través de Chile, y fueron reprimidos por una acción militar ordenada por el gobernante de entonces; una revuelta que duró un mes y terminó con la renuncia del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada que huyó de las movilizaciones de obreros, indígenas y vecinos; con él se fue una cultura de menosprecio por los más vulnerables. Esta movilización social fue la suma de la aplicación de ajustes económicos, de lo ocurrido en la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, del “impuestazo” al salario decretado en febrero de 2003 que derivó en un enfrentamientos entre policías y militares.