Gestor de Notas de Prensa

La Defensoría del Pueblo observa que el Ministerio Público y la Policía Boliviana hacen uso desproporcionado de las figuras del arresto y del inicio de procesos penales en el caso de dos autoridades de la Alcaldía de Villa Tunari y de un periodista de la radio Kawsachun Coca, y que se amparan en el Decreto Supremo 4200, sobre la cuarentena contra el coronavirus COVI-19, como una forma de amedrentamiento y persecución desproporcional.

La Defensoría del Pueblo, como parte del trabajo en la promoción de los derechos humanos, a partir de la fecha habilita la plataforma virtual “Bitácoras de Cuarentena, Historias y Vivencias sobre Nuestros Derechos”, que tiene como fin que la población pueda participar y expresar sus pensamientos, criterios y experiencias frente a la cuarentena establecida por la emergencia sanitaria por el COVID- 19.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pidió al Gobierno Nacional que instruya y viabilice la libre circulación de motorizados y personal de las productoras avícolas del país, así como de trabajadores  de apoyo, debido a que 500 productoras de ese rubro han paralizado su producción porque tienen dificultades ocasionadas por funcionarios militares y policiales, y porque está en riesgo el abastecimiento de alimentos.

La Defensoría del Pueblo evidenció, en verificaciones  realizadas, que como resultado de las restricciones establecidas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, se dificulta que algunas personas que viven con VIH o Sida, puedan acceder a los medicamentos antiretrovirales, por lo que, mediante una nota remitida al Ministerio de Salud, pidió que se realicen las acciones que corresponden para garantizar el suministro de la medicación que requiere esta población y asegurar que no se interrumpa su tratamiento.

La Defensoría del Pueblo observó las condiciones en el traslado de las y los bolivianos que ayer salieron del campamento de Pisiga, en Oruro, tras cumplir 14 días de cuarentena por el COVID-19, quienes fueron llevados en buses hasta ciudades capitales del país, desde donde, en algunos casos, debieron  buscar la forma de retornar a sus hogares e, incluso, enfrentar situaciones de maltrato.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, ante la determinación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de cerrar las agencias bancarias en varias regiones del Chapare, afirmó que esta medida afectará en el pago del Bono Familia y Canasta Familiar, otorgados por el Estado por la situación de emergencia sanitaria y cuarentena que vive el país, por lo que pidió garantizar de forma igualitaria la cancelación de éstos bonos a los beneficiarios que habitan estas localidades.

La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, rechazó la expulsión de un grupo de policías incitada, anoche, por un grupo de pobladores del municipio de Shinahota en el Chapare cochabambino y convocó a los actores del conflicto a coordinar y dialogar para garantizar las acciones de prevención en contra de la propagación del coronavirus COVID-19.

La Defensoría del Pueblo, habiendo tomado conocimiento de la difusión, en distintos medios, de información que afirman que “la hija de una funcionaria pública de la Defensoría del Pueblo estaría involucrada en el señalado ilícito”, recuerda que la responsabilidad penal es INTUITU PERSONAE.

La Defensoría del Pueblo, pidió que el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, aprobado recientemente por la Presidenta Jeanine Áñez, ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, asegure una diferenciación de género y considere que las oportunidades en el área laboral, social y familiar para las mujeres en las cárceles, son desiguales con relación a los varones y muchas de ellas son madres que siguen al cuidado de sus hijos desde el encierro y son sustento de sus hogares que se encuentran fuera del penal.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia modificar la circular 06/2020 que autoriza a los jueces atender de forma excepcional las solicitudes “a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas”, mediante herramientas telemáticas o en audiencias normales allí donde no exista acceso a internet, debido a que esta disposición acrecienta la indefensión de la población en situación de vulnerabilidad, como las víctimas de los delitos de feminicidio, infanticidio y violación a niños, niñas y adolescentes.