Gestor de Notas de Prensa

En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento del artículo 18 de la Ley 870, la Defensoría del Pueblo lleva a cabo el seguimiento y emite las recomendaciones necesarias para que el Estado, como garante de los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra, implemente las políticas públicas requeridas. Esto, en concordancia con la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, con el objetivo de promover un desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, y asegurar que todas las bolivianas y bolivianos puedan disfrutar de un medio ambiente sano, protegido y equilibrado.

Beni, 22 de febrero de 2025.- La Defensoría del Pueblo, en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, realiza el seguimiento al caso denunciado al Ministerio Público por padres de familia de ocho soldados, quienes han sido víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de un instructor militar del Regimiento de Infantería 29 “Cap. Lino Echeverria”, en la comunidad Casarabe, Beni.

La Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de la vulneración de derechos humanos y dignidad de ocho soldados del Regimiento de Infantería 29 "Capitán Echeverría", ubicada en la comunidad de Casarabe del departamento de Beni. Padres de los soldados agredidos física y psicológicamente interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público para dar con los responsables de las vejaciones a sus hijos, hechos que además estarían ligados a cobros económicos irregulares.

La Paz, 21 de febrero de 2025.- El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, destacó la alianza estratégica con la Fundación COMPA y el programa REBIJO para el fortalecimiento del ejercicio de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Tarija, 19 de febrero de 2025.- En la ciudad de Tarija, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, cumple una nutrida agenda de derechos humanos con diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad.  

Tarija, febrero 19 (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, informó que la Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos en Bolivia, en el marco de sus competencias, realizó un análisis del Acuerdo Migratorio suscrito entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile el cual genera preocupación en la institución por dudas que existen en el reglamento que entrará en vigencia en los siguientes días.

La Defensoría del Pueblo tiene el mandato constitucional de promover la cultura de paz y la gestión pacífica de la conflictividad, con la finalidad de prevenir la vulneración de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos en Bolivia, en el marco de sus competencias establecidas en el artículo 222 de la Constitución Política del Estado y el artículo 5 de la Ley N° 870, realizó un análisis del Acuerdo Migratorio suscrito entre el Ministerio de Gobierno de Bolivia y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, con el  objetivo de garantizar la protección de los derechos de las personas bolivianas y de terceros países que se dirigen a Chile, anticipando posibles impactos antes de su implementación y del desarrollo de su reglamentación, sobre todo de la población más vulnerable en situación de movilidad humana.

La Paz, febrero 17 (UCOM/DPB). – El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este lunes el “Informe de Rendición Pública de Cuentas – Final 2024” (RPC), en el cual destacó el cumplimiento de los compromisos institucionales asumidos a principios de la pasada gestión. Dicho informe, fue respaldado por 24 instituciones que, con su firma, dieron su conformidad a los datos presentados.

La Defensoría del Pueblo como Institución Nacional de Derechos Humanos, tiene el mandato de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución Política del Estado (CPE), las leyes y los instrumentos internacionales, así como promover la cultura del diálogo y de respeto a los derechos humanos en situación de conflictos sociales.